En la última semana estuvo presente en los principales medios de comunicación la posibilidad de aplicar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas en el marco de la situación de emergencia provocada por el coronavirus.
Sin embargo, el fondo de la discusión radica en la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Quién o quiénes deberían pagar los costos de la actual crisis económica, sanitaria y social?
Según la AFIP, hay 14.378 personas (0,03 % de la población) que en los últimos dos años declararon tener más de 1,5 millones de dólares. Estas concentraron 74 mil millones de dólares, de los cuales, las tres cuartas partes estaban en el extranjero.
Asimismo, según la revista Forbes, sólo 20 familias argentinas concentraban en el 2018 una riqueza superior a los 41.700 millones de dólares. Entre ellas, la familia Rocca, Bulgheroni, Roemmers, Galperín, Madanes Quintanilla, Coto, Bagó, entre otras. Esa fortuna es el equivalente al 10 % del PBI nacional y representa nueve veces lo que cobran por mes las más de 6,5 millones de personas asalariadas registradas en el sector privado.
Además, los bancos privados ganaron 272.615 millones de pesos en el 2019, año récord de ganancias para ellos. Y las 500 empresas de mayores ventas en el país acumularon 67.300 millones de dólares de ganancias netas durante el período 2016/2018.
Todos estos datos son importantes si tenemos en cuenta que desde la Presidencia de la Nación se anunció la presentación al Congreso Nacional de un proyecto de ley que contemple impuestos extraordinarios, no habiendo nada confirmado aún. De hecho, hasta el momento, solamente el Frente de Izquierda – con sus legisladores Nicolás Del Caño y Romina Del Plá – ha presentado un proyecto en ese sentido.
Como parte de un programa integral, esta propuesta establece un impuesto progresivo a los patrimonios a partir de los $100.000.000 (cien millones de pesos). El mismo se aplica a las altas rentas, que incluye a los bancos y a las empresas privadas de todas las esferas de la actividad productiva, comercial y de servicios. Asimismo, se propone gravar la propiedad de la tierra de aquellas personas jurídicas, personas físicas y/o sociedades indivisas no alcanzadas por el impuesto a los grandes patrimonios, y que sean propietarias de extensas superficies de tierra de elevada valuación. Y, por último, se agrega un impuesto progresivo a las viviendas ociosas utilizadas para la especulación inmobiliaria.
Con tales impuestos extraordinarios, se creará un Fondo Especial de Emergencia de al menos 1.300.000 millones de pesos, que deberá ser utilizado exclusivamente para lo siguiente:
1.- Un plan de elaboración local e importación de material sanitario, equipamientos médicos y hospitalarios, junto con la contratación necesaria de más personal para el sistema de salud.
2.- Un salario de aislamiento obligatorio de $30.000 para las trabajadoras y los trabajadores que no tuvieran licencias pagas por sus empleadores.
3.- Un plan anual de construcción de 100.000 viviendas populares en un año con el fin de reducir los niveles de exposición a la transmisión del coronavirus y otras enfermedades (como el dengue), por parte de las miles de familias trabajadoras que viven en condiciones de hacinamiento o déficit habitacional.
La situación de crisis actual refleja que es necesario “distribuir y repartir un poco más la torta”, pero si bien esto es progresivo, también es insuficiente, ya que si no se cambia la base de la desigualdad (esto es que algunos tienen que ir a trabajar horas y horas para llegar a fin de mes, mientras algunos pocos tienen las tierras, los bancos, las fábricas y deciden por todos nosotros en función de qué les da más ganancias), vamos a seguir teniendo a un puñado de ricos viviendo a costa de las grandes mayorías trabajadoras y populares.
Por eso, el impuesto a las grandes fortunas es sólo un primer paso para que haya una salida a la crisis favorable a las mayorías sociales, dentro de un plan estratégico más integral que incluye: el rechazo soberano al pago de la deuda externa; la nacionalización de la banca para garantizar créditos baratos, infraestructura para hospitales y viviendas, y evitar la fuga de capitales; la organización de las trabajadoras y los trabajadores; la prohibición de despidos y suspensiones en los lugares de trabajo; y la ocupación y puesta a producir de toda fábrica que cierre o despida masivamente.
A grandes crisis y problemas, se necesitan grandes respuestas, medidas y soluciones.