El Consejo de la Magistratura aprobó la revisión de los traslados de 10 jueces federales por no haber cumplido con todos los pasos y requisitos legales, como recibir acuerdo del Senado. Un día después de que el presidente Alberto Fernández presentara el proyecto de reforma judicial, el organismo aprobó el dictamen que declara que los traslados fueron incompletos y los remite al visto bueno del Poder Ejecutivo para que este analice las irregularidades y los envíe, a su vez, al Senado para su aprobación. La votación, reñida, estuvo marcada por las acusaciones de la oposición –que denuncia un avance del Gobierno sobre la Justicia– y se definió con una mayoría simple gracias al voto positivo de la diputada Graciela Camaño.

«Debemos enmendar lo que se hizo mal. Este dictamen es en virtud de buscar consenso por lo menos entre los que pensamos parecido, esto no afecta la estabilidad o independencia de los magistrados», explicó a PáginaI12 el titular de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, quien es también el autor del dictamen aprobado. 

La explicación se debe a que lo que originalmente había sido una discusión técnica sobre la validez de nombramientos de jueces por “traslado” se terminó convirtiendo en leña para la campaña política de Juntos por el Cambio, que argumenta que el oficialismo pretende sacar magistrados de cargos estratégicos para «lograr la impunidad» de ex funcionarios del kirchnerismo. «A los preocupados por las causas de CFK esto no las afecta en nada. En cuanto a las causas de Macri, no serán sustanciadas por jueces mal nombrados. Por esto y por lo que se hará en el futuro es necesaria claridad en el tema», explicó la diputada opositora Graciela Camaño, cuyo voto inclinó la balanza a favor de la aprobación del dictamen.

La iniciativa surgió tras una presentación del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, quien la semana pasada había propuesto revisar el sistema de “traslados” por el cual jueces y juezas habían sido nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri sin acuerdo del Senado en cargos con otras competencias o en otras jurisdicciones para los cuales no habían concursado. Desde la oposición, en cambio, se insistió en que el Consejo no tenía competencia para revisar los decretos presidenciales que ordenaron los traslados. “El dictamen carece de un objeto válido y útil”, argumentó el diputado de Juntos por el Cambio, y cabeza de la oposición en el Consejo, Pablo Tonelli.

«Ningún gobierno debe poner jueces cuyo nombramiento no reúne los requisitos expresamente establecidos en resoluciones y acordadas. El instituto del traslado y el de subrogancia tiene reglas claras. Cuando son violadas se debe corregir», argumentó Camaño luego de la votación. La diputada peronista, ex aliada de Sergio Massa, fue la encargada de presidir la reunión virtual del Consejo de la Magistratura y, durante la misma, habló de su incomodidad por encontrarse en la “ancha avenida del medio”. Sin embargo, al momento de votar, señaló sin ambigüedades que “los traslados se hicieron sin respetar el reglamento» y subrayó: «Nosotros sí tenemos competencia y estamos obligados a convocar a concurso en esos casos”. 

Al final, el dictamen fue aprobado por siete votos a favor: los del presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones; les senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara; Gerónimo Ustarroz; las diputadas Vanesa Siley y Camaño. Los seis votos en contra fueron de Pablo Tonelli; los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta; la senadora Silvia Giacoppo; el abogado Juan Pablo Más Vélez y la abogada Marina Sánchez Herrero.

La propuesta de Ustarroz, sobre la que se basó el dictamen aprobado, hacía un repaso sobre los nombramientos que se hicieron por el mecanismo de traslado en los últimos 20 años, e identificó que había diez casos en donde no se habían cumplido los requisitos reglamentarios. Ocho de estos casos coincidían con el período de gobierno de Macri. Y es que, tal como ya contó este diario, los nombramientos por medio de “traslados” fueron parte de una gran ingeniería del gobierno de Macri para manejar parte del Poder Judicial. Primero, a fines del 2016, consiguió los votos para una ley que convertía tribunales orales ordinarios (que juzgan delitos comunes) en tribunales orales federales (que juzgan a funcionarios, narcotráfico, trata, casos de lesa humanidad) con mayoría simple del Consejo. Así fue que intentó crear tribunales para juzgar a la ex presidenta Cristina Fernández y ex funcionarios de su gobierno. Luego sumó otras variantes en la práctica, que fueron avalando consejeros del entonces oficialismo, a pesar de que la Corte Suprema puso un freno y estableció que los traslados debían pasar sí o sí por el Senado.