Los militares estadounidenses llegarán a suelo colombiano en el mes de junio para avanzar en la supuesta lucha contra el narcotráfico. Parlamentarios denuncian inconstitucionalidad del arribo de este contingente.
Una brigada perteneciente a la Fuerza de Asistencia de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos, (SFAB por su sigla en inglés), arribará a Colombia durante el próximo mes de junio, según un comunicado conjunto emitido por la Embajada de Estados Unidos y el ministerio de Defensa Nacional del país suramericano.
Según la información, el contingente trae como misión colaborar con las fuerzas de seguridad colombianas en el enfrentamiento del narcotráfico. El documento no especifica fecha de arribo ni el total de efectivos miembros de la agrupación.
Sin embargo, actores políticos colombianos han hecho público que el número de militares estadounidenses en esta brigada asciende a unos 800. También han revelado que serán distribuidos en las denominadas “Zonas Futuro”, que incluyen áreas de los Departamentos del Cauca, Córdoba, Catatumbo, Arauca y Nariño.
Diversas personalidades colombianas han reaccionado ante este paso del Gobierno de ese país. Catalogan de inconstitucional el arribo de militares extranjeros sin autorización expresa del Senado.
De «altamente inquietante» lo calificó el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en un comunicado.
«Nadie pone en duda que esta situación se desarrolle como parte de la estrategia de agresión militar del gobierno de Trump contra Venezuela, y que el gobierno colombiano, de manera irresponsable, pone el territorio patrio como cabeza de playa para la estrategia desestabilizadora contra el vecino país y el continente», se lee también en el documento.
El senador Antonio Sanguino, quien recordó que un «convenio de cooperación no puede violar principios constitucionales de soberanía e integridad territorial con presencia de esta Brigada de asistencia militar”.
Otras reacciones se cuestionan la pertinencia de la presencia militar. Según publicó el senador Iván Cepeda, “si el Gobierno quisiera combatir el narcotráfico y contrarrestar asesinatos sistemáticos de líderes sociales, depuraría el Ejército de oficiales corruptos que aparecen en la Operación Bastón. En cambio prefiere promover la abierta intervención de militares estadounidenses”.
Entretanto, la exsenadora y activista de derechos humanos, Piedad Córdova, manifestó a través de Twitter que “sería bueno que comiencen con el caso de un narco que financió una campaña presidencial, le decían el Ñeñe Hernández”, en referencia al caso que vincula al presidente Iván Duque con el narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte.
“Los militares de EE.UU. que vienen a luchar contra el narcotráfico también deberían comenzar con el caso de un embajador que tenía una finca con un laboratorio de coca”, agregó Córdova, esta vez en relación con el caso del diplomático Fernando Sanclemente Alzate, quien tenía un narcolaboratorio en su propiedad.
Hollman Morris, exconcejal de Bogotá y defensor de derechos humanos, alertó sobre la provocación que representaría el despliegue militar estadounidense en la frontera con Venezuela.
“Atención: Una de las Zonas Futuro donde operarían las tropas especiales del Ejército estadounidense serían el Catatumbo y Arauca, dos zonas limítrofes con Venezuela, lo que sin duda puede ser considerado como una provocación por el vecino país”, publicó Morris.
El objetivo provocador fue denunciado también por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode): «La llegada de tropas de Estados Unidos a Colombia es una clara violación de la soberanía y de la democracia nacional, con la lucha contra el narcotráfico como mera excusa».
Según cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Colombia es el máximo productor de cocaína del mundo. Solo en el año 2019, alrededor de 950 toneladas de esa droga se exportaron desde el país suramericano, la mayor parte hacia Estados Unidos.
La producción de drogas en Colombia sigue creciendo aún cuando Estados Unidos mantiene nueve bases militares en territorio colombiano y otras acciones de supuesta colaboración contra el narcotráfico.
Asimismo, la presencia militar estadounidense en este país suramericano está asociada a otros hechos delictivos como violaciones de menores de edad y mujeres.
