Emiliano Blanco, ex funcionario de la Secretaría de las Juventudes durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, fue denunciado por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público. La acusación radica en la apropiación indebida de cuentas oficiales de redes sociales pertenecientes a dicha secretaría, las cuales fueron creadas y sostenidas con fondos del Estado y, tras el cambio de gobierno, pasaron a ser utilizadas para su emprendimiento privado, el medio de streaming «Tuki TV».

La maniobra fraudulenta fue advertida por usuarios que detectaron la reconversión de las cuentas institucionales, que antes servían para la comunicación oficial de la Secretaría de las Juventudes y ahora son explotadas con fines comerciales sin ninguna autorización. La denuncia se fundamenta en que estas plataformas fueron alimentadas con dinero de las arcas públicas, incluyendo campañas, publicidad y gestión de contenidos, lo que configura un claro uso indebido de bienes del Estado.

Delitos y penas

Blanco enfrenta una denuncia por peculado, delito tipificado en el artículo 261 del Código Penal, que establece penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para los funcionarios que sustraigan bienes del Estado con fines particulares. Además, se lo acusa de incumplimiento de deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona a quienes dicten o ejecuten resoluciones contrarias a la ley con penas de un mes a dos años de prisión e inhabilitación de uno a seis años.

Pero la denuncia no solo señala el robo de estas cuentas. También se sospecha que los equipos utilizados para la producción de «Tuki TV» fueron adquiridos con fondos estatales y sustraídos antes del traspaso de gobierno. Esto agravaría la situación de Blanco, ya que podría implicar nuevas imputaciones en su contra.

#Patrimonio público usado como propio

Este caso se suma a una larga lista de irregularidades cometidas durante la gestión de Rodríguez Saá, donde funcionarios actuaban con la premisa de que lo público les pertenecía. La apropiación de las redes sociales es una muestra más del vaciamiento sistemático del Estado, una práctica que dejó a la provincia con millonarias pérdidas y condenó a la pobreza a miles de puntanos.

La causa judicial está en curso, y se espera que en los próximos días la justicia determine las responsabilidades y disponga medidas cautelares para evitar que Blanco continúe usufructuando bienes que pertenecen a todos los ciudadanos.