Ataques digitales a Julia Mengolini y Esteban Paulón reabren el debate por la Ley Belén y la penalización de la violencia en redes

Los recientes ataques fomentados desde esferas del Gobierno contra la periodista Julia Mengolini y el diputado nacional Esteban Paulón vuelven a poner en agenda dos debates clave: la regulación de las redes sociales y la violencia digital específica que tiene en la mira a las mujeres y a las personas de la comunidad LGBTI.

Las campañas de odio por vía digital contra opositores son una constante de la era libertaria, pero estos dos últimos casos fueron especialmente bestiales. Mengolini fue víctima de la difusión de deepfakes pornográficos, mientras que Paulón fue acusado de pedofilia en un programa del canal de streaming libertario Carajo, conducido por el influencer Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”. Ambos fueron además blanco de amenazas de muerte, insultos y amenzas de todo tipo.

Si bien es sencillo probar que lo que padeció Julia Mengolini puede enmarcarse dentro de las formas de la violencia machista, no se trata, técnicamente, de un delito. Lo sería, si en Argentina no estuviera aún cajoneada la Ley Belén, un proyecto que busca tipificar la violencia digital como delito en el Código Penal. Las propuestas legislativas son impulsadas por sobrevivientes de distintos casos de violencia digital, que desde hace años trabajan en visibilizarla y combatirla.

Una deuda pendiente 

La diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades, es una de las principales impulsoras del proyecto de la Ley Belén y también de otros dos que buscan incorporar al Código Penal las figuras de suplantación de identidad y hostigamiento digital. La Ley Belén, en particular, propone tipificar la publicación no consentida de material íntimo, pero por el momento se encuentra trabada en la Comisión de Legislación Penal.

Los ataques recientes no solo evidencian una intención de perseguir políticamente a quienes el oficialismo identifica como opositores, sino que, además, reproducen violencias específicas: con una carga sexualizada en el caso de Mengolini, y homofóbica en el de Paulón. En este contexto de deterioro del debate público, surgen preguntas sobre los límites del uso de las redes sociales y la inteligencia artificial.

Argentina cuenta desde octubre de 2023 con la Ley Olimpia, que reconoce la violencia digital como una forma de violencia de género dentro de la Ley 26.485 para la Protección Integral de las Mujeres. Esta norma contempla, por ejemplo, la “reproducción en el ámbito digital de discursos de odio misóginos”. Sin embargo, no ofrece sanciones penales ante estos casos. Sí brinda, en cambio, instrumentos para que las damnificadas puedan pedir a la Justicia que interceda para que las plataformas retieren determinados contenidos.

El proyecto de la Ley Belén quiere subsanar ese vacío legal. Y contempla penalizar actos como la difusión no consentida de material íntimo; la sextorsión, conocida también como ‘porno-venganza’; el cyberflashing (envío de imágenes sexuales sin consentimiento de quien las recibe); la creación y distribución de pornografía deepfake; el doxxing (que es la difusión no consentida de datos personales cuando se causa un daño o se atenta contra la seguridad de la persona afectada); los contactos no deseados intensos a través de redes sociales, cuando estos afectan el normal desarrollo de la vida del alguien.

La ley lleva el nombre de Belén San Román, una joven víctima de violencia digital que se quitó la vida luego de ser hostigada con la difusión de imágenes íntimas. Belén era agente del Comando de Patrullas Rurales de Bragado, en la provincia de Buenos Aires. El 30 de noviembre de 2020, se suicidó después de que un hombre con el que mantenía una relación viralizara fotos y videos suyos para extorsionarla. El agresor, Tobías Villarruel, había conocido a Belén a través de redes sociales. Ella tenía solo 25 años y murió despues de agonizar cuatro días.

“Lo que le pasó a Julia Mengolini no es la primera vez que ocurre, ni será la última. Y va a seguir pasando. Por eso es importante que se legisle en la materia desde el ámbito penal. Tenemos una herramienta que es la vía civil, que es importantísima, pero que lamentablemente no alcanza”, analizó Camila Segli, sobreviviente de violencia digital e integrante de unas de las organizaciones que impulsaron en 2023 la ley Olimpia. 

“La violencia digital contra mujeres y diversidades es una problemática que en nuestro país se expande cada día más. Necesitamos la Ley Belén para poder sancionar a quienes suben materiales íntimos o de desnudez sin consentimiento, o que crean videos pornográficos con inteligencia artificial. Este tipo de violencia genera un nivel de sufrimiento enorme en las personas, y no puede quedar impune. La Ley Belén es una herramienta para lograr justicia”, dijo Macha en conversación con Página/12.

El proyecto de la Ley Belén establece distintos tipos penales. Por ejemplo distingue entre la producción de material íntimo sin consentimiento y la difusión de material íntimo sin consentimiento. “Hay penas privativas de la libertad, y otras que no, como multas. Otras que son de cumplimiento condicional: de tres meses a tres años, que no siempre se cumplen en la cárcel. La idea es que sean penas leves en general pero que puedan tener agravantes: cuando la persona esté unida a un vínculo afectivo con la otra, cuando se haga mediando violencia de género, cuando se haga con fines de lucro, cuando la producción implique a un menor de edad”, explica Segli.

Es importante señalar también que el proyecto de la Ley Belén no solamente contempla sanciones para los agresores sino tambien detalla intrumentos técnicos y jurídicos para investigar y dar con el origen de los ataques. Por ejemplo, en un caso de viralización sin consentimiento de un contenido íntimos, existen modos de rastrear desde qué cuenta y teléfono se difundió por primera vez.

Avances y vacíos legales

Florencia Villegas, santafesina de 37 años, pertenece a la organización civil Ley Olimpia Argentina, que reúne a sobrevivientes de violencia digital. Su historia comenzó en 2017 y derivó en una denuncia que fue desestimada por la justicia ante la falta de marcos legales claros a nivel nacional.

“Yo tenía una relación con una persona que conocí por redes. Chateamos diez años y luego nos conocimos. Empezamos a salir y, al año más o menos, una amiga que vive en otro pueblo me llamó para decirme que había visto fotos mías en una página pornográfica”, relata Florencia. En ese momento le pidió una explicación a este hombre, y él negó todo. Alegó que le habían robado un pendrive donde tenía las imágenes. Florencia le creyó y siguió viéndolo un tiempo más. Pero cuando decidió terminar el vínculo, sus fotos comenzaron a aparecer en redes, subidas desde una cuenta falsa. La etiquetaba en las publicaciones con sus datos personales.

Cuando logró encontrar la página pornográfica que le habían mencionado, vio que también junto a las de ella había imágenes de otras 30 mujeres, algunas de ellas, niñas. Logró contactarse  con algunas y comprobó que también habían tenido vínculos –virtuales, presenciales o híbridos, según el caso– con este mismo hombre.

Su salud mental comenzó a deteriorarse. Sufría ataques de pánico que muchas veces no le permitían cumplir con su trabajo. Hizo una denuncia, pero fue rechazada por la justicia con el argumento de que nada de lo ocurrido había “afectado sus bienes personales”.

A partir de esta experiencia, Florencia se unió a la organización Ley Olimpia Argentina, que participó activamente del proceso de sanción de la ley en 2023. En sus redes la organización recibe desde hace cuatro años un promedio de veinte mensajes diarios de mujeres que atraviesan situaciones similares. La mayoría son casos de difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

“Si la persona lo solicita, la derivamos para asesoría psicológica o legal con profesionales que conocemos. La mayoría de las víctimas no quiere accionar legalmente: solo quieren que se bajen los contenidos de las plataformas. Lo que suele pasar es que, además de la difusión sin consentimiento, hubo otros tipos de violencia previos: extorsión, amenazas o acoso”.

Gracias a la Ley Olimpia, aunque todavía no se tipifican estas acciones como delitos, es posible iniciar una demanda civil, que permite solicitar el retiro de contenidos y la restricción de contacto con la víctima y su familia. Florencia celebra también el valor del aspecto educativo: “Lo más importante es la prevención. La Ley Olimpia incluye políticas públicas de educación digital, y eso es fundamental. Necesitamos prevenir, no solo reaccionar después del daño”.