La muerte de más de veinte personas por el consumo de cocaína adulterada expuso la vulnerabilidad que existe en torno al uso de drogas y abrió una serie de interrogantes: ¿cómo funciona el mercado de la cocaína en Argentina y qué magnitud tiene?, ¿qué herramientas tiene el Estado para abordarlo?, ¿es necesario que el Estado empiece a regular este mercado? En diálogo con Página/12, investigadores y expertos en políticas de drogas atendieron estas cuestiones y alertaron que el mercado de la cocaína está en crecimiento desde hace años en Argentina, no solo para el tráfico, sino también para la producción y el consumo local, que se ubica en los niveles más altos de la región. Los y las especialistas advirtieron que la situación actual es producto del fracaso de una política de Estado elaborada y sostenida desde hace más de treinta años a partir de la Ley 23.737, que criminaliza y persigue al usuario, pero no al narcotráfico. La diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, presentó el viernes un proyecto para su modificación, en el que se propone una despenalización del uso de todas las drogas y se aborda el tema desde una perspectiva de salud pública.
“Lo que pasó en Puerta 8 provocó que se instale el debate. Trabajamos todo el año pasado en este proyecto y contamos con la opinión de expertos, de especialistas, de las organizaciones de la sociedad civil. La reforma de esta ley es urgente y es necesaria, porque el Estado no puede criminalizar y perseguir al usuario, tiene que estar acompañando como Estado presente”, dijo Gaillard a este diario. La diputada aclaró que con la modificación “no se promueve el consumo, simplemente se está buscando que el Estado adopte otra manera de abordar la situación: en lugar de perseguir penalmente al consumidor, acompañarlo a través del sistema público de salud”.
El mercado de la cocaína en Argentina
“Lo que pasó con el caso de Puerta 8 es una emergente obvia de un mercado que está en expansión en Europa, en Estados Unidos y también en Argentina. La diferencia es que en Argentina se consume cocaína de menor calidad y suceden estas cosas, que son lógicas de un mercado en expansión”, explicó a Página/12 Mariana Souto Zabaleta, Coordinadora del Área de Política de Drogas del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) e integrante de la organización RESET. En la misma línea, el director del Observatorio de Política Criminal, Ariel Larroude, sostuvo que Argentina ya no es solo un país de tránsito de las grandes toneladas de droga que vienen desde Perú, Bolivia, Paraguay y Colombia para luego exportarse a Europa, sino que, además, “existe un mercado local que se ha vigorizado y cuenta con elaboración propia, con cocinas y laboratorios de cocaína que hace pensar principalmente en el consumo local”.
“Es necesario sincerarse y admitir que Argentina es un país de consumo alto”, aseguró Larroude, quien se desempeñó como director de políticas criminales del Ministerio de Seguridad de Nación hasta el año pasado. “Si no aceptamos ésto, no sabemos en dónde estamos parados. Argentina lidera en Sudamérica la tasa de consumo más alta, codeándose con países como España y Estados Unidos”, añadió.
Los últimos datos sobre el consumo de cocaína en Argentina recolectados por Sedronar son de 2017 y marcan que un 1,5 por ciento de la población de entre 18 y 65 años dijo haber consumido cocaína. En relación con el registro previo, que data de 2010, marca un aumento de casi el doble de consumidores, ya que en ese registro el porcentaje había sido del 0,8. La situación de la pandemia y la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria, probablemente haya empeorado este escenario, estiman los especialistas. Según contó Souto Zabaleta, el último sondeo debió realizarse en 2020 pero no se concretó por la pandemia, y seguramente se haga en 2023. “No hay estimaciones oficiales de cuán grande son los mercados en Argentina. Nosotros tratamos de estimar el tamaño del mercado, pero es un trabajo que tiene más advertencias a cómo no hay que medirlo”, aclaró luego. De lo que ninguno de los expertos tiene dudas, es que el mercado está en pleno crecimiento y esto tiene que ver, en parte, con la apertura de una nueva vía de tráfico, a través del Río Paraná.
“El mercado de la cocaína, al estar en expansión y al haberse abierto una nueva ruta de tráfico vía Paraguay por la hidrovía y por tráfico aéreo irregular, iba a tener alguna consecuencia en el mercado local de consumo. Esto lo veíamos venir hace tiempo”, comentó Souto Zabaleta. El problema de esta nueva ruta es que, por la legislación del Mercosur, es muy difícil controlar la mercadería. “Salvo el pasaje, no se puede controlar una mercadería proveniente de Paraguay. Se entiende como una vía navegable del Mercosur y lo único que se puede hacer es interceder en el caso de que tengas una orden judicial, pero no como un trabajo rutinario”, detalló Larroude. De esta forma, el Paraná funciona como “una vía libre para pasar cualquier cosa”, aclaró luego.
Los grandes cargamentos de droga que circulan por la hidrovía van hacia Europa, pero una porción se acopia para el mercado local. “Parte de ese vuelto de pasar por acá es que te quedes un cuarto de lo que pasa. Eso se acopia en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en el Gran Buenos Aires y en CABA”, contó Larroude.
Una legislación que apunta al más débil
Uno de los mantras que se repite en relación a la situación del narcotráfico y la droga en Argentina es que no existe una política de Estado. Tanto Souto Zabaleta como Larroude afirman que esto es falso: hay una política de Estado que se mantuvo durante distintos gobiernos, pero desde una perspectiva que mostró a nivel nacional e internacional ser un fracaso. En Argentina se traduce en la Ley de Drogas 23.737, promulgada en 1989.
“Lo que sucedió la semana pasada es una muestra muy clara de cómo este sistema no sirve porque desprotege a quien se supone que debe cuidar. Se supone que toda esta estrategia tiene que ver con proteger la salud de las personas. Lo que están haciendo es dejar a los consumidores a merced de lo que quieren hacer las redes y las organizaciones criminales”, afirmó Souto Zabaleta.
Tanto ella como Larroude hacen hincapié en que ningún gobierno quiere cambiar el paradigma punitivista hacia otro regulatorio. “Nadie quiere pagar los platos rotos de saltar de la clandestinidad al proceso de regulación”, sostuvo Larroude, quien compara la situación de los consumidores de droga con la de las mujeres que no tenían otra opción que hacer abortos clandestinos, porque el Estado hacía la vista gorda y las estigmatizaba. “Es una deuda que tenemos los argentinos con la democracia, así como lo fue el aborto. Al igual que en ese caso, el dato más llamativo es la clandestinidad. Tiene que haber un sinceramiento, no por el hecho de habilitar que el acceso a la droga igual que ir a comprar unas galletitas al kiosco, pero sí para saber qué se consume, cómo está compuesta la droga que se consume, quién la está vendiendo y cuáles son los riesgos que tiene para la salud”, agregó.
“Todos los gobiernos hacen lo mismo porque nadie se anima a modificar la 23.737, que es una ley con un sesgo muy fuerte a la persecución de actores que son absolutamente reemplazables”, apuntó Souto Zabaleta. De hecho, al perseguir solo a consumidores y a eslabones débiles de la cadena de narcotráfico, la situación tiende a agravarse exponencialmente. “Desmantelan un bunker y ese bunker sigue funcionando; meten presos a los líderes de las bandas y generan algo que puede ser lo que vaya a pasar en la Provincia de Buenos Aires y que es lo que viene pasando en Rosario: empiezan a operar segundas líneas, los encarcelan y empiezan las terceras, el negocio se vuelve más desprolijo, más violento, más conflictivo, de mayor competencia. Metés más actores en el negocio. Entonces, en definitiva, lo que hacés es empeorar la situación”, relató.
Los datos que recogió el ILSED ponen en números esta realidad: todos los años hay récords de incautaciones, pero sigue creciendo la oferta y la demanda de droga. “En Argentina se incauta marihuana y se persigue a los consumidores en un inicio, y después, esto nosotros lo estudiamos a nivel nacional, al transportista, al que maneja el bunker, pero nunca se llega a las grandes organizaciones. Tenés todo un sistema de persecución policial y judicial orientado a cuestiones que no tienen impacto. Esto siempre fue igual, no hay diferencias entre Gobiernos”, contó Souto Zabaleta.
Otro argumento que esgrimió la especialista es que, con la normativa vigente, se dispensan recursos del Estado en perseguir a los consumidores, cuando lo más coherente sería concentrar los esfuerzos en apuntar a las cúpulas de las organizaciones narcotraficantes. “Si el Estado destina recursos en incautar, por ejemplo, cargamentos de marihuana y persiguiendo a cultivadores, no se concentran esfuerzos en otras sustancias que generan una mayor complejidad. Tiene que ver con cómo administrar los recursos del Estado. Se están gastando recursos y esfuerzos que no tienen ningún sentido, porque los mercados siguen abastecidos”, amplió. En una investigación de RESET los integrantes de la organización calcularon que el Estado gasta anualmente más de 40 millones de dólares en criminalizar a usuarios de drogas. De las causas por infracciones a la ley 23.737, cerca de un 40 por ciento son por tenencia para consumo, advierte el informe.
La calidad de la droga
Una de las principales consecuencias del abordaje punitivista sobre el consumo de drogas y la clandestinidad, es precisamente el impacto sobre la salud de los consumidores, como ocurrió en Puerta 8. Si bien los especialistas indicaron que el uso de cocaína es transversal a todas las clases sociales, advirtieron que la calidad de la droga que se vende no es la misma y así tampoco el impacto en la salud de quienes la toman.
“La cocaína que circula, en términos generales, es de mucha menor calidad que la que llega a Europa, y hay claramente distinta calidad y distinta adulteración”, explicó Souto Zabaleta. Las diferencias entre consumidores se dan en distintos planos: “no es la misma calidad de droga y no es la misma red de contención, de la misma manera con que la gente que se detiene siempre es de los mismos sectores sociales. Hay distintos mercados y distintas calidades. Esto también quedó en evidencia con este caso. Fue muy brutal, pero muy sintomático de lo que estamos haciendo como Estado. Esta ley es desastrosa también en este sentido, porque termina poniendo en riesgo a quienes son más vulnerables”.
Larroude agregó que lo que ocurre finalmente es que “en el territorio tenés una droga de primera y una droga de segunda”. La situación se agrava porque al estar la presión legal puesta sobre el consumidor, lo que ocurre es que se eleva el costo de la droga, el mercado se vuelve más rentable para los narcotraficantes y la calidad de las sustancias se deterioran. “Esto ocurre porque la demanda es inelástica, no se ve afectada por el precio. A lo sumo lo que se ve afectada es la calidad, pero la gente sigue consumiendo, razón por la cual la estrategia de seguir consumidores hace más rentable el mercado criminal”, indicó. Luego aclaró que, aún a los adquirentes de droga de mayor poder adquisitivo, “no se les vende droga pura, la cocaína está recortada entre un 70 y 80 por ciento”, pero “cuando se eleva el costo de consumo lo que ocurre es que se deteriora la calidad de la droga que se vende principalmente para los estratos medios y bajos de la sociedad”.
Los valores a los que se vende la cocaína en distintos barrios evidencian este proceso. Según el especialista, un papel de una droga de mediana o alta calidad, siempre recortada, se vende a unos 3 mil pesos, mientras en barrios vulnerables se venden papeles por 500 pesos. “Por eso reventaron más de 20 personas registradas, y hay que ver cuántos reventaron en la casa”, agregó Larroude.
Esa diferencia en la calidad y la circulación de la droga, explicó luego el especialista, tiene que ver también con el gran mercado de paco que existe en las zonas aledañas a las grandes urbes de Argentina. “En esas zonas prolifera la venta de drogas recortadas, de mala calidad, que lo que hacen es elevar la adicción y hace mayor daño a la salud. Es proporcional”, afirmó.
Abordar los problemas de drogas desde la salud
“La política de guerra contra las drogas fracasó y también fracasó el prohibicionismo. Hay un nuevo paradigma a nivel mundial que es la salud pública por sobre la seguridad”, aseguró en diálogo con Página/12 la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard, quien presentó este viernes un proyecto para modificar la Ley 23.737. Entre los principales objetivos que tiene la reforma de la normativa, se encuentran: “despenalizar el consumo personal de estupefacientes”; “ajustar la política de drogas en relación al cannabis, otorgándole un estatus jurídico proporcional y comprensivo de su dimensión medicinal” y “armonizar la ley penal con la protección de la Salud Pública y Ley de Salud Mental, eliminando la criminalización y los tratamientos compulsivos que no cumplen, y por el contrario, obstruyen los objetivos de salud pública”.
El abordaje punitivista sobre el consumo de drogas fracasó a nivel internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo reconoció en 2019. Según explicó Souto Zabaleta, hubo una declaración ministerial de la Comisión de Estupefacientes de la ONU “en la que todos los países reconocieron los fracasos de la estrategia que se viene implementando”.
El proyecto de Gaillard apunta a un cambio de paradigma que se aleja del punitivismo y se apoya en un abordaje de salud integral. “El Estado tiene que estar presente regulando. De la despenalización tenemos que dar un paso más luego para la legalización, para que el Estado mismo sea el que regule para evitar lo que está ocurriendo”, dijo la diputada.
Esta estrategia, además, apunta a enfrentar a las organizaciones criminales, que no fueron desarticuladas por la impronta beligerante que primó durante los últimos 30 años. Para Gaillard, “cuando se legalice y el Estado empiece a regular, se terminará el negocio que ocasiona muchas más muertes que el uso de sustancias, que son las guerras de las mafias del narcotráfico. El Estado tiene que hacer hincapié en la persecución del narcotráfico que existe porque es ilegal; si fuera legal, no existiría. La legalización o despenalización del consumo personal no va a aumentar el consumo, pero va a hacer que el que consume tenga a disposición el sistema de salud y un Estado que lo acompañe, y no que lo criminalice y lo castigue. Eso es lo central del proyecto”.
La Asociación Civil Intercambios se dedica al estudio y la atención de los problemas de drogas desde una perspectiva de salud integral. En diálogo con Página/12, la doctora en Psicología y coordinadora del Área de Intervención y Capacitación de la organización, Jorgelina Di Iorio, planteó que “así como sin salud mental no hay salud integral, planteamos que sin despenalización de las drogas no hay acceso a la salud mental, particularmente porque la despenalización implicaría terminar con el estigma hacia las personas que usan drogas”.
Di Iorio aseguró que “hay mucha evidencia que muestra que los modelos actuales vulneran los derechos de las personas que usan drogas” y afirmó que “en la medida que se despenaliza, se genera que las personas puedan hablar libremente de su consumo, sin sentirse juzgados por las personas en su comunidad, su familia y el personal de salud. Las personas que usan drogas muchas veces silencian sus padecimientos por temor, lo cual evita el acceso a la salud”.
La articulación de la normativa sobre drogas con la de salud integral es fundamental, dado que “en el marco de la ley nacional de salud mental el uso de drogas se comprende desde una perspectiva de derechos humanos”, advirtió Di Iorio. Esta mirada implica un abordaje amplio, que problematice los consumos de drogas desde distintas disciplinas, con financiamiento del Estado y un trabajo social intenso para atender las distintas realidades en las que se enmarcan los consumos problemáticos.
El licenciado en psicología de la UBA que investiga sobre toxicomanía, Emiliano Montelongo, dijo en diálogo con Página/12 que “desde el psicoanálisis hay elementos que permiten pensar en nuevos planteos para esta problemática”. Entre ellos, la importancia de pensar el contexto y preguntarse por qué el consumo de cocaína aumenta a nivel mundial.
“Que sea una problemática actual indica que tiene un vínculo estrecho con las formas de relacionarnos con los objetos de consumo. El psicoanálisis lo que plantea es la existencia de un vacío estructural de cada sujeto y vivimos en una época en que la enunciación publicitaria, el marketing, proponen la ilusión de que habría un objeto pleno, capaz de colmarnos. Se nos dice que el consumo de un objeto nos permitiría alcanzar la dicha. Es la época de las toxicomanías generalizadas, como dice Ernesto Sinatra”, opinó. Una de las claves, para él, es “poder hacerle lugar a la palabra de esos sujetos, en una época que no les da ningún lugar o les da el lugar de desecho u objeto de consumo a ellos mismos”.
