El lunes 26 de junio ocurrió otro femicidio en la provincia de San Luis. Esta vez en la localidad de Tilisarao. Laura Godoy hizo denuncias en sus redes sociales, en sede policial, recurrió a la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia en búsqueda de protección y contención e igual fue víctima de femicidio.

“Tenemos como objetivos asistir y acompañar a las personas que estén sufriendo violencia por motivos de géneros; trabajar en la erradicación de todos los tipos y modalidades de violencias por motivos de géneros; y propiciar las herramientas necesarias que generen el cambio cultural y de paradigma que nos permita vivir en una sociedad más equitativa, solidaria y libre”, dice la Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad creada en 1986.

 35 años de una Secretaría con “misión y visión” que son solo lindas palabras, porque tan solo desde inicio de la pandemia por covid ya hemos padecido cuatro femicidios y la pérdida de una niña menor de edad. Mónica Ramos, asesinada en su domicilio dos semanas antes de las medidas de aislamiento por covid. Sus hijxs denuncian que la causa está paralizada. Florencia Magali Morales, cuyo femicidio ocurrió el 5 de abril del 2020 en la Comisaría Nº 25 de Santa Rosa del Conlara.

Johana Galdeano, asesinada por su ex pareja Juan Carlos Solalinde el 26 de mayo de este año, en Villa Mercedes, San Luis. Guadalupe Lucero, niña de 5 años desaparecida desde el 14 de junio en San Luis ciudad sin ninguna hipótesis que indique que las investigaciones por su búsqueda son efectivas.

Y ayer, Laura Godoy, víctima de femicidio en Tilisarao. También existe en la provincia, desde el 2015, un Observatorio Provincial de la violencia contra la mujer con la “misión de construir una instancia técnica y de observación permanente destinada al monitoreo, recolección, producción y sistematización de datos e información sobre distintas formas de violencias contra las mujeres a fin de poder brindar herramientas para el diseño e implementación de un sistema de indicadores que permitan el desarrollo de políticas públicas adecuadas que tiendan a la prevención, sanción y erradicación de la violencia”.

 Desde su creación, ¿qué ha hecho este Observatorio? Reuniones tras reuniones inconducentes. Es decir, la inacción misma disfrazada de políticas públicas para simular estar en diálogo con organizaciones de base, para imitar ser progres y estar en la vanguardia estatal que avanza para erradicar la violencia de género.

 Como dice la resolución del mencionado Observatorio, el “Estado, como garante de los derechos de las ciudadanas, los ciudadanos y les ciudadanes, resulta responsable de la asistencia y protección integral de las mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+ víctimas de violencias de género y de las desigualdades sociales estructurales, para cuyo abordaje resulta necesario desarrollar un conjunto de políticas públicas transversales a todos los órganos y poderes del Estado, aplicables en los servicios públicos brindados y en todas las esferas de actuación de los mismos, destacando la especial importancia de los ámbitos de la salud, educativos, sociales y judiciales”.

 Entonces, exigimos que se ponga en acción real este observatorio y todo el aparato estatal en sus tres poderes y que las funcionarias de la Secretaría dejen de deslindarse de sus responsabilidades aduciendo que no pueden luchar contra molinos de viento como el Poder Judicial. Si no pueden, pues renuncien y dejen a personas que puedan gestionar para que los cambios necesarios se produzcan de manera inmediata.

Porque con pintar sendas peatonales, llenar de copitas menstruales las redes sociales, difundir efemérides feministas, no alcanza. Porque no nos convencen sus argumentos justificando que “hacemos pero la burocracia judicial nos limita”.

Y ya es inadmisible seguir escuchando los mismos argumentos[1]excusas de siempre. Frente a tanta inoperancia y desidia organizada, desde Socorro Rosa San Luis, nos preguntamos: ¿Qué hacemos cuando la mujer asesinada estaba siendo «asistida» por la Secretaría de la Mujer e igual es víctima de femicidio? ¿Qué hacemos cuando quienes nos «asisten» nos dejan en manos del femicida? ¿Qué hacemos si nada de lo que supuestamente se ha instrumentalizado desde el Estado sirve y nos siguen matando? Hoy Laura no está. Y había pedido ayuda, hecho denuncias, había acudido a la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad.

Como expusimos frente al femicidio de Johana Galdeano, “el Estado muestra la inoperancia ante el abordaje en situaciones de violencia, cargado de indiferencia y de responsabilidad. Repleto de discursos vacíos que no convencen a nadie”. Si ese Estado que dice «asistirnos» permite que nos maten, entonces estamos frente a un Estado femicida.

 Ya no podemos hablar de desidia, desinterés ni siquiera incompetencia. Hablamos de un Estado femicida y no dejaremos de gritarlo hasta que todxs, TODXS, lxs responsables del femicidio de Laura sean condenadxs, empezando por el femicida, hasta llegar a la última persona[1]funcionarix que estaba «acompañando» a Laura y dejaron que la matara el violento que tenía denuncias. Esto, por supuesto, incluye a la jueza Patricia Besso y al juez de familia Carlos Hugo Orozco.

Es urgente cambiar el paradigma de acción, el asistencialismo no es la solución que necesitamos de este Estado si nos queremos vivas y libres. Exigimos al Estado hacer foco en los violentos y agresores y no encerrar a las víctimas, la omisión es abandono y el abandono debe ser condenado social y penalmente. Las herramientas que ofrece el Estado provincial son siempre las mismas.

Sus “años de avances en políticas públicas…”no se ven reflejados en la sociedad. Por eso, exigimos reales políticas con impactos a corto, mediano y largo plazo. No alcanza con lo que supuestamente están haciendo. No alcanza y el femicidio de Laura es la más palpable evidencia.

 ¡Estamos Hartes y Decimos Basta!

 ¡Justicia Feminista por Laura!

¡El Estado femicida es responsable!

 Socorro Rosa San Luis Julio 2021- San Luis Argentina