En los últimos tiempos se ha desatado una fuerte presión del sector inmobiliario para la derogación de la Ley de alquileres 27.551, sancionada durante el año 2020. El argumento central que se esgrime es que la misma generó una significativa disminución de la oferta de inmuebles en alquiler, impactando en el alza del precio.
Más allá de que no es correcto analizar el mercado de alquileres sólo desde la ley de la oferta y demanda, tratándose de un derecho constitucional, ya que es una necesidad vital de las familias y se enmarca en otro tipo de rentas y valorizaciones diferenciales, el análisis de datos construidos en base a información oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires evidencia la falsedad de este argumento. En este sentido, la oferta de inmuebles en alquiler viene disminuyendo desde hace más de siete años en el distrito.
Está claro que las causas de este proceso son más profundas, motivado por el propio funcionamiento del mercado de suelo y vivienda, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde los inquilinos aumentaron más de un 20 por ciento solamente durante la última década. La crítica situación actual se explica por el profundo desacople entre un mercado inmobiliario que construye para reserva de valor y el cada vez más difícil acceso a la vivienda de los y las ciudadanas, existiendo fenómenos recientes que han complejizado aún más la situación, como los corrimientos del tipo de cambio producidos a partir del 2018 en relación al desacople precio de inmuebles en dólares/salarios en pesos y las consecuencias de la pandemia.
Al mismo tiempo, la problemática del alquiler no puede pensarse desligada de todos los segmentos del mercado de vivienda formal e informal y de la baja performance que mostró en los últimos 15 años la gestión del Pro en relación al área de vivienda. Desde que el Pro gobierna la ciudad, se ha duplicado la población en villas y en situación de calle mientras se baja el presupuesto de la función vivienda a la mitad y se subejecutan los pocos recursos disponibles. La características que asume el mercado de alquiler informal en villas y también en hoteles pensión y casas tomadas de la ciudad consolidada no pueden dejar de ser analizadas sin tener en cuenta las dinámicas urbanas más generales de la ciudad, en este sentido, los mercados de alquiler formal e informal son dos caras de la misma moneda, que lejos de ser categorías excluyentes se relacionan y retroalimentan.
Hoy el debate ha llegado al congreso nacional con proyectos de la oposición que pretenden desregular nuevamente el mercado, dejando a los inquilinos e inquilinas desprotegidas; por otra parte, desde Bloque del Frente de Tod@s, varios proyectos, entre ellos los de Gisela Marziotta y el de José Luis Gioja plantean reforzar los elementos centrales de la ley de alquileres y sumar otras regulaciones e iniciativas para mejorar la situación actual. La creación de un Cámara Nacional de Alquileres, el impuesto a la vivienda ociosa, la extensión de seis meses para abonar la garantía y un programa de alquiler social por parte de los estados nacional, provincial y municipal son algunas de las líneas de intervención que podrían ayudar a solucionar el problema.
De forma complementaria a esta discusión nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben ser parte de la solución de la problemática, por eso como legisladores de la ciudad de Buenos Aires hemos propuesto medidas posibles y eficientes, utilizadas en la mayoría de los países centrales, para abordar la cuestión:
1) Terminar con la venta indiscriminada de tierra pública y ponerla a disposición del desarrollo de un stock de vivienda pública de alquiler social;
2) Constitución de un fideicomiso con mayoría del capital aportado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aporte de pequeños ahorristas para construcción de vivienda destinada a alquiler social y leasing;
3) Generación de viviendas para alquiler social mediante convenios con aquellos propietarios que deseen utilizar su capacidad constructiva remanente;
4) Generación de impuesto a la vivienda ociosa;
5) Aumentar la oferta interviniendo en la dinámica de la industria de la construcción;
6) Aplicación efectiva de la ley 3720/2010 de garantías bancarias del Banco Ciudad son algunos ejemplos de estas propuestas
