El diputado nacional por San Luis, Carlos Almena, presentó un proyecto en el Congreso para relevar qué ocurrió con las miles de causas judiciales iniciadas durante la pandemia por incumplir las restricciones sanitarias, bajo el artículo 205 del Código Penal.

La iniciativa apunta a reconstruir el destino de los expedientes abiertos entre 2020 y 2023 en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), una etapa marcada por fuertes restricciones a la circulación y un uso masivo del sistema penal.

El proyecto solicita al Poder Ejecutivo Nacional —a través del Ministerio de Justicia— que recabe información de todas las jurisdicciones del país sobre imputaciones, procesamientos, condenas y el estado actual de cada causa. También incluye aquellas que fueron archivadas o prescribieron, así como posibles denuncias contra fuerzas de seguridad por abusos durante los procedimientos.

En sus fundamentos, Almena plantea la necesidad de un análisis integral del impacto que tuvo la aplicación del artículo 205, una figura que prevé penas de seis meses a dos años de prisión para quienes violen medidas sanitarias. Durante la pandemia, su aplicación fue masiva, aunque gran parte de las causas no prosperaron.

Pero el eje político del proyecto está puesto en San Luis.

El legislador remarcó que la provincia fue una de las más restrictivas del país, con controles severos de circulación, cierre de accesos y sistemas de movilidad segmentados por terminación de DNI. En ese contexto, destacó dos casos que marcaron un punto de inflexión en el debate público.

Uno de ellos es el de Florencia Magalí Morales, quien fue detenida el 5 de abril de 2020 en Santa Rosa del Conlara por presuntamente violar la cuarentena y horas después apareció muerta en una comisaría. Aunque inicialmente se habló de suicidio, la causa derivó con el tiempo en imputaciones por torturas seguidas de muerte contra efectivos policiales.

El otro caso mencionado es el de Franco Gastón Maranguello, un joven de 16 años que también fue demorado por una supuesta infracción a las restricciones sanitarias en Villa Mercedes y posteriormente apareció sin vida en una dependencia policial, lo que generó fuertes cuestionamientos institucionales.

La iniciativa de Almena se inscribe en un clima político más amplio: el inicio de una revisión —tardía pero creciente— sobre los límites del accionar estatal durante la pandemia y las consecuencias que tuvieron las restricciones sobre los derechos individuales.

El proyecto deberá ahora atravesar el debate en comisión. Pero más allá de su recorrido legislativo, vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda: qué pasó con el uso del poder punitivo del Estado en uno de los momentos más excepcionales de la historia reciente.