Hace seis días, interviene en la investigación por la ‘desaparición’ de Guadalupe Lucero Cialone, un equipo de 4 fiscales: el fiscal federal subrogante de San Luis, Cristian Rachid, el fiscal general Marcelo Colombo y la fiscal federal Alejandra Mángano -cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)- y el fiscal federal Leonel Gómez Barbella, éste último por sugerencia de Susana Trimarco, de la Fundación María de los Ángeles.
Lxs fiscales, reclamaron la ‘inmediata investigación sobre la posible relación entre la desaparición de Guadalupe, con las hipótesis de la explotación sexual y lavado de dinero que venían circulando desde hace tiempo.
Eduardo Casal, procurador General, dictó la Resolución MP 246/2, mediante la cual designó a los fiscales ya mencionados para intervenir -de manera conjunta o alternada- con el fiscal Christian Rachid en la causa.
Los fiscales federales comenzaron a trabajar, hace unos días, luego de tener en ‘mano’ los setenta cuerpos del expediente. Iniciaron el análisis de toda la información para concentrarse en las ‘posibles’ hipótesis federales, que pudieran tener relación con la ‘desaparición’ de Guadalupe.
Al otro día de haber dado con los setenta cuerpos del expediente, el equipo de fiscales solicitó la ampliación del ‘objeto procesal del caso’, orientada a abarcar las hipótesis que surgen de la causa que tramita en el fuero ordinario y que ‘podrían tener vínculos con delitos de orden federal’.
Diario Atenea, publicó el escrito de la Fiscalía la semana pasada, sin embargo, algunos detalles fueron mencionados por medios nacionales, sobre posibles líneas de investigación vinculadas a ‘personas que estarían en situación de prostitución’, y que integrarían una página web, por lo que sería imperante investigar el manejo de esa red de prostitución. Hipótesis, que ninguna fuente oficial ha salido a negar.
¿Quién o quiénes son lxs responsables del manejo de la página?, ¿cómo se establece el contacto con las personas en situación de prostitución? ¿cómo se concreta la cita? ¿cómo el traslado?¿dónde?, ¿con cuáles vínculos?, ¿quiénes son lxs responsables? ¿corresponden a acciones de explotación sexual?, ¿existen delitos conexos?, ¿de qué edades son las personas en situación de prostitución/explotación? ¿de dónde son oriundas? ¿cómo se efectúa el manejo del dinero? ¿quiénes son los prostituyentes?, y un sin fin de preguntas, en espera, que deben develarse.
Los delitos complejos de ‘explotación sexual’,’trata’, ‘explotación sexual contra las infancias’, pedofília, entre otros y delitos conexos, podrían ser motivo de investigación, sin que éstas hipótesis sean determinantes para asegurar que Guadalupe, fue raptada con fines de explotación sexual.
Otra noticia del orden nacional, señala que el equipo de fiscales, investiga además, el delito de ‘lavado de dinero‘ del que no hay mayor información.
“El equipo fiscal se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de búsqueda de personas desaparecidas, particularmente en lo atinente a determinar efectiva y adecuadamente si la ‘desaparición’ se vincula con algún delito contra la vida, la integridad física, la integridad sexual o la libertad, que -a su vez-, pueden significar la configuración de otros delitos complejos, múltiples y de carácter acumulativos“, cita la publicación de Fiscalía.
Breve cita a algunos casos de ‘Trata’ en San Luis
San Luis, ha sido considerada en la ‘ruta de la Trata’, como lugar de ‘tránsito y destino’, al respecto se cita a Nerea Soledad Olivera, que a los 11 años de edad, fue explotada en San Luis con un DNI falso, y bajo el nombre de Vanesa Niklas y una edad mayor.
Uno de los locales donde señaló haber sido explotada fue Venus, que estaba localizado en inmediaciones a una estación de servicio con salida a la Ruta Nacional N° 7.
Asimismo, Soledad Olivera aseguró haber visto en uno de los prostíbulos de San Luis a la ‘desaparecida’ Fernandita Aguirre, (13 años de edad).
El Tribunal Oral Federal, radicado en esta provincia, en el año 2015, integrado por los jueces Raul Fourcade, Alejandro Piña y Carlos Alfredo Parra, absolvió a cinco personas acusadas de integrar una banda que habría captado, trasladado y explotado sexualmente al menos 42 mujeres en situación de vulnerabilidad en tres prostíbulos de la provincia, dos de ellos ubicados en la ciudad de San Luis y el otro en cercanías de la localidad de La Toma.
A pesar de la sobrada prueba, los jueces del TOF mencionado, favorecieron a los tratantes con el beneficio de la duda.
Ambos fueros judiciales y también desde el equipo de la Fundación María de los Ángeles, manifestaron el interés en lograr la conformación del ‘equipo’ de fiscales pero a pesar del acuerdo, -tácito tal vez- la demora fue de casi 4 meses.
Desde la justicia provincial se habría solicitado la conformación, a pedido del juez Ariel Parrillis, también desde la justicia federal a pedido del fiscal Christian Rachid, y también desde el equipo de la Fundación María de los Ángeles, quienes finalmente se reunieron con el procurador General de la Nación, Eduardo Casal.
La ‘investigación federal’, fue motivo de reclamo en varias oportunidades, peticionada por la familia y por las organizaciones sociales en las marchas y mediante comunicados; solicitada por Yamila Cialone, mamá de Guadalupe, ante el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá y ante el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Todas oportunidades donde se expresó la necesidad y la urgencia de la intervención de la justicia federal sin perjuicio de la investigación llevada adelante en el fuero provincial.
