Cinco fueron derivadas al Juzgado Federal de General Roca que dio intervención a Alejandro Moldes, el fiscal de ese distrito. Una de las personas denunciadas en los llamados telefónicos estaba el ex Secretario de Inteligencia de la Nación, Oscar Parrilli. El fiscal Moldes decidió ordenar una serie de medidas para comenzar a investigar la denuncia y al ex funcionario kirchnerista.
A partir de ese momento se desató una descomunal tarea de hostigamiento y persecución. El fiscal general de la Cámara Federal de General Roca, Mario Sabas Herrera, lo llamó y le exigió detalles de la causa en la que estaba siendo investigado Parrilli, algo expresamente vedado por el Código Procesal Penal. Ante la negativa de Moldes a permitir el acceso a toda la información obrante en el expediente, Sabas Herrera lanzó amenazante: «esto no va a quedar así». Y no quedó así. Sólo nueve días después de ese incidente durante los que el fiscal Moldes estuvo con licencia médica por un problema cardíaco, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó dispuso su traslado compulsivo a la fiscalía federal de Zapala y le dio un plazo de cinco días corridos para cumplir con la orden. Moldes hizo una presentación en la Justicia Contencioso Administrativo, que dictó una medida cautelar reponiéndolo en su cargo.
Tras esa medida judicial empezó a desplegarse un extenso repertorio de acciones de hostigamiento con el objetivo de desplazarlo de la Fiscalía de General Roca y colocar allí a una persona cercana a Gils Carbó. A Moldes le redujeron la planta de empleados, le impidieron acceder a las herramientas informáticas necesarias para su trabajo, le bloquearon el acceso a todas las causas que estaba investigando y lo sacaron del sistema de notificaciones electrónicas. Además le «armaron» una causa penal y le allanaron la fiscalía. Para impulsar esa denuncia penal, Gils Carbó modificó irregularmente el sistema de fiscales subrogantes de General Roca a fin de designar a una fiscal de otra provincia que es militante de Justicia Legítima. Todo a partir de que comenzó a investigar al ex funcionario kirchnerista Parrilli en una causa por narcotráfico y lavado de activos.
Al día de hoy, la fiscalía de Moldes está practicamente desmantelada, Gils Carbó le sacó personal sin asignarle nuevos agentes por lo que cuenta sólo con 5 empleados con el mismo cúmulo de causas que tiene la fiscalía federal de Neuquén Capital que tiene 25 personas trabajando. Además hasta el momento el fiscal federal de General Roca aún no puede acceder al sistema notificaciones electrónicas, esencial para desarrollar su tarea.
Moldes envió una nota a Graciela Camaño, Presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, informando la situación y solicitando que ese cuerpo tome las medidas necesarias para asegurar el restablecimiento del normal funcionamiento de la fiscalía. También pidió que la Comisión designe un veedor -que no dependa de Gils Carbó- a fin de que verifique y audite la situación. Hasta ahora no ha recibido respuesta alguna.
