La oposición al gobierno de Perú pidió al presidente Ollanta Humala que convoque formalmente las elecciones generales de 2016 y remueva del cargo honorífico de primera dama a su esposa investigada por corrupción y lavado de activos, Nadine Heredia, mientras avanzaba en el Congreso una iniciativa para interpelar al jefe del gabinete y al ministro del Interior.
De ese modo, las dificultades políticas que atraviesa Humala mantuvieron su intensidad el día después de una jornada considerada histórica por algunos analistas, en la que el mandatario despidió a la procuradora especializada en delitos de lavado de activo, Julia Príncipe; renunció el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, y la Justicia resolvió que debe seguir investigando a la primera dama.
El presidente del Congreso unicameral, el opositor Luis Iberico, afirmó que, si bien aún no está legalmente obligado a hacerlo, Humala debería llamar formalmente a las elecciones previstas para abril próximo como «un gesto político para cambiar de agenda y entrar a ese nuevo escenario».
La idea de Iberico fue respaldada por los legisladores opositores Víctor García Belaúnde, Mauricio Mulder y Justiniano Apaza, los dos primeros de sendos partidos de centro y el último de una bancada de izquierda conformada por varios disidentes de la coalición oficialista.
En tanto, la líder del partido populista de derecha Fuerza Popular y candidata presidencial favorita en las encuestas, Keiko Fujimori, reclamó que Humala desplace del cargo de primera dama a Heredia, quien además es la presidenta del Partido Nacionalista Peruano (PNP) gobernante.
«Creo que la destitución va a ser un gesto que la ciudadanía valorará y que permitirá que el pueblo tenga un poco de confianza en Humala», cuya esposa usa el título honorífico para «tomar decisiones que no le corresponden», dijo Fujimori en conferencia de prensa.
En 1994, Keiko Fujimori, con 19 años de edad, fue nombrada primera dama por su padre, el entonces presidente Alberto Fujimori, luego de que éste se divorciara de Susana Higuchi y la removiera del cargo.
Asimismo, Mulder aseguró que al menos cuatro bancadas opositoras acordaron presentar una moción para interpelar al jefe del gabinete, Pedro Cateriano, y al ministro del Interior, José Pérez Guadalupe.
El legislador cuestionó a Cateriano y Pérez Guadalupe por haber avalado el despido de la procuradora especial para delitos de lavado de activos, Julia Príncipe, y ser, en su opinión, «chupes (subordinados) genuflexos del Partido Nacionalista que acatan las órdenes de la señora Nadine Heredia».
A Cateriano se le imputa también haber alardeado de que, ante la crisis política, Humala pudo haber cerrado el Congreso -el presidente tiene la facultad constitucional de hacerlo bajo ciertas condiciones pero no durante el último año de su mandato quinquenal, que comenzó el 28 de julio pasado- y no lo hizo.
«Rechazamos la actitud provocativa del premier, que, políticamente hablando, pecha al Congreso cuando dice que tenían la oportunidad de cerrar el Congreso y no lo hicieron; eso es un chantaje político», sostuvo el ex oficialista Apaza.
Mulder reconoció que de acuerdo con las respuestas que dé Cateriano en la interpelación «se evaluaría la presentación de (una moción de) censura al gabinete».
Humala ya sufrió el 30 de marzo pasado la censura del gabinete que encabezaba Ana Jara, la primera medida similar en más de 51 años (el último antecedente era la caída del premier Julio Trelles Montes, el 31 de diciembre de 1963, durante el primer mandato del presidente Fernando Belaúnde Terry).
No obstante, la interpelación aún no era segura ayer, sobre todo después de que Fuerza Popular -que cuenta con el bloque más numeroso del Congreso- informara a través de su legislador Alejandro Aguinaga que no respalda la iniciativa porque considera a Cateriano «una de las pocas reservas democráticas» del gobierno.
Por otra parte, el abogado de Heredia, Eduardo Roy Gates, afirmó que el Tribunal Constitucional «ha violado la Constitución, le guste a la gente o no», al declarar fundado un recurso del Ministerio Público y determinar que la primera dama debe seguir siendo investigada por la presunta comisión de lavado de activos.
«Evaluaremos si recurrimos a un tribunal internacional», advirtió Roy Gates, mientras su socio Aníbal Quiroga señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «es siempre una instancia posible cuando se violan los derechos fundamentales de las personas».