Carlos González D’Alessandro volvió a dejar una definición que genera ruido político. Frente al pedido de desafuero de Joaquín Beltrán, investigado en la causa Molino Fénix, aseguró que “no le suelto la mano a ningún legislador” hasta que exista una condena.
El principio de inocencia es indiscutible. Pero una cosa es defender las garantías constitucionales y otra muy distinta es convertir los fueros en un blindaje político frente a una investigación por presuntos hechos de corrupción.
Si la Justicia solicita el desafuero para investigar, la pregunta no debería ser quién es culpable o inocente —eso lo determinarán los tribunales—, sino si un legislador debe contar con privilegios que obstaculicen el avance de una investigación.
La postura de D’Alessandro, lejos de marcar distancia, puede ser interpretada como un inesperado guiño al peronismo, que necesita votos para impedir el desafuero.
Defender las instituciones también implica permitir que la Justicia investigue.
Porque si frente a una causa de corrupción la primera reacción es “no le suelto la mano”, cabe preguntarse: ¿defensa de la inocencia o protección corporativa?
El tiempo dirá de qué lado termina quedando D’Alessandro.
