La Justicia ordenó la prisión preventiva de la exdiputada Anabela Lucero en el marco de la investigación por el presunto vaciamiento del complejo Molino Fénix, una causa que involucra a exfuncionarios de la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
La medida fue dispuesta luego de una extensa audiencia que se prolongó durante aproximadamente siete horas, en la que el Ministerio Público Fiscal avanzó con una ampliación de los cargos contra Lucero y otros cuatro acusados.
A la exlegisladora se le atribuyen, en esta etapa de la investigación, los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y destrucción de objetos destinados a servir como prueba. Se trata de imputaciones que deberán ser discutidas y acreditadas durante el proceso judicial.
Tras el pedido de la Fiscalía y de la Fiscalía de Estado, el juez resolvió imponer la medida cautelar más gravosa para Lucero, además de otros involucrados en la causa.
La exdiputada fue esposada y trasladada al Servicio Penitenciario, junto con Enzo Lucero y Exequiel Scarel. La situación procesal del grupo continuará bajo análisis de la Justicia mientras avanza la investigación.
El expediente tiene como eje las presuntas maniobras relacionadas con el manejo y administración del Molino Fénix, y busca determinar si existió una estructura organizada destinada a perjudicar los intereses del Estado provincial.
La resolución de prisión preventiva no implica una condena: se trata de una medida cautelar dictada durante el proceso, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas y determinando las responsabilidades que pudieran corresponder.
