La intervención de la Federación de Bomberos Voluntarios de San Luis destapó un escenario crítico: más de $87 millones en subsidios nacionales no fueron rendidos y existe un faltante de documentación por más de $22 millones.
Ante esta situación, el Gobierno provincial confirmó la presentación de una denuncia penal por administración fraudulenta contra ex autoridades de la entidad, en una causa que podría escalar judicialmente.
La interventora Roxana Díaz describió un cuadro de abandono institucional, con instalaciones deterioradas, servicios cortados y graves irregularidades, incluyendo la desaparición de un vehículo oficial sin registro alguno.
Además, se advirtió que la deuda deberá ser devuelta en su totalidad, ya que Nación ya no acepta rendiciones en papel, lo que complica aún más la situación financiera de la institución.
Desde el Ejecutivo remarcaron la urgencia de normalizar la Federación, no solo para transparentar el manejo de fondos, sino también para recuperar el acceso a subsidios que hoy rondarían los $400 millones y son clave para el funcionamiento y la capacitación del sistema de bomberos en la provincia.
