Mientras los puntanos pagaban las consecuencias de una economía provincial devastada, los exministros Sergio Freixes y Juan Lavandeira administraban en las sombras uno de los mayores bienes rurales del Estado sin dejar rastro alguno de su producción.

El fiscal de Estado adjunto, Rafael Berruezo, presentó una ampliación de denuncia que expone con crudeza lo que podría ser uno de los casos más descarados de abandono, malversación y uso discrecional de bienes públicos durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

El expediente apunta directamente a los exministros de Producción Sergio Freixes (2017-2019) y Juan Lavandeira (2019-2023), quienes —según la documentación oficial— tuvieron a su disposición el campo “El Caburé” tras la rescisión del contrato con la empresa homónima en 2017.
El problema: nadie sabe qué pasó después.

Durante seis años, mientras la Provincia figuraba como titular del predio, no existen registros de cosechas, ventas de animales ni ingresos para el Estado. En otras palabras, un campo entero —con infraestructura, ganado y cultivos— quedó bajo control político, sin rendición de cuentas ni control alguno.

El decreto N° 8143-MMACyP-2017, firmado por el propio Rodríguez Saá, ordenaba “tomar posesión del inmueble con intervención de Escribanía de Gobierno”. Sin embargo, los hechos muestran que eso nunca ocurrió efectivamente.
Peor aún, la revocatoria presentada por la empresa fue resuelta cinco años después, recién en diciembre de 2022, mediante el decreto N°11852-MP-2022. Ese “tiempo muerto” es, precisamente, el que hoy está bajo la lupa judicial.

En su presentación, Berruezo fue contundente:

“Del estudio de las actuaciones administrativas surge palmario el descuido y desprecio por el patrimonio provincial por parte de los denunciados, quienes dejaron de cumplir con las medidas que requería realizar, esto es, ni más ni menos que tomar posesión del campo”.

Y las preguntas que surgen son inevitables:

  • ¿Quién explotó el campo “El Caburé” durante esos años?
  • ¿Qué pasó con los animales y las cosechas?
  • ¿Quién se quedó con los beneficios económicos de esa producción?

Desde la actual Fiscalía de Estado aseguran que no existe documentación alguna en el Ministerio de Desarrollo Productivo que acredite movimientos, registros contables o ingresos al Tesoro provincial.

“La desidia y/o la explotación en interés propio, dolosa de los ministros denunciados, ha causado un gran perjuicio a las arcas del erario público”, reza la denuncia judicial.

El texto también enumera posibles delitos: peculado, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario.

Este nuevo expediente se suma a una larga lista de causas que exponen el modus operandi del gobierno de Rodríguez Saá: funcionarios que confunden el patrimonio del Estado con el de sus propios bolsillos, decisiones sin control, y bienes públicos manejados con la opacidad de un feudo.

La investigación recién empieza, pero el mensaje es claro: mientras algunos ministros se hacían nombrar “lonkos” o “guardianes del pueblo” en nombre de los pueblos originarios, otros se guardaban los frutos de los campos del Estado.
“El Caburé” ya no es solo un campo perdido: es el símbolo del abandono y la impunidad con la que se manejó el poder en San Luis.