La llegada de plataformas como Didi y Uber a la ciudad de San Luis está marcando un antes y un después en la forma de moverse. Con tarifas accesibles y vehículos modernos, los vecinos eligen estos servicios por sobre los taxis tradicionales. Pero mientras la ciudadanía vota con el celular, algunos concejales parecen querer mantener el monopolio de unos pocos.
En las calles, la escena se repite cada vez con más frecuencia: usuarios que optan por viajar en Uber o Didi, elogiando no solo el precio, sino también la comodidad, limpieza y buen trato de los conductores. La diferencia con los taxis es notoria. Muchos vehículos de la vieja guardia no están en condiciones, y la atención al cliente deja mucho que desear.
Pero mientras el pueblo elige con claridad, desde el Concejo Deliberante hay quienes se empeñan en poner freno a esta evolución. ¿La razón? No es el transporte ni la seguridad: es el negocio.
Detrás de los discursos de “defensa del trabajo” se esconde una estructura que durante años benefició a unos pocos. Hay dueños de licencias de taxi que poseen hasta 30 permisos, que no manejan un solo auto, pero viven de alquilar esas licencias a choferes que apenas pueden llegar a fin de mes.
El ingreso de las apps de movilidad amenaza ese curro. Porque con Didi o Uber, cualquier ciudadano con un auto en condiciones y papeles al día puede generar ingresos, sin pasar por el peaje del “dueño de licencias”.
No se trata de estar en contra del taxi. Se trata de estar a favor de la gente. De la libertad para elegir, de la competencia justa y de modernizar un sistema de transporte que ya no da respuestas. Las plataformas llegaron porque los vecinos las pidieron. Y quedarse en el pasado para proteger negocios personales es traicionar a quienes los votaron.
¿A quién representan entonces los concejales que buscan prohibir o limitar estas aplicaciones? ¿A los vecinos o a los patrones de licencias?
San Luis ya decidió. Solo falta que la política escuche.
