El ex ministro de Seguridad de San Luis, Claudio Latini, será el primer funcionario del círculo cercano de Alberto Rodríguez Saá en enfrentar un juicio oral por corrupción. La Fiscalía de Estado solicitó la pena máxima de 7 años de prisión por el delito de peculado, debido a la sustracción de bienes del Estado poco antes de dejar su cargo.
El delito: apropiación de bienes públicos
Latini está acusado de haber ordenado, el 7 de diciembre de 2023, el retiro de varios muebles y equipos electrónicos de su despacho en Terrazas del Portezuelo, utilizando un móvil policial y personal bajo su mando. Entre los objetos sustraídos se encuentran:
- Dos televisores LED de 43”
- Tres monopatines eléctricos
- Una cafetera de cápsulas
- Un disco duro con grabaciones de seguridad
- Una computadora portátil
- Muebles de oficina, como sofás y mesas
Uno de los monopatines fue incluso “regalado” a su secretaria privada, Evelyn Judith Sosa.
El proceso judicial
La audiencia de control de acusación, realizada tras la feria judicial y varias postergaciones, estuvo presidida por el juez de Garantía N°1, Juan Manuel Montiveros Chada, quien admitió la acusación en su totalidad.
El fiscal Ricardo Barbeito solicitó una pena provisoria de 2 años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que el representante de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, pidió elevar la pena al máximo de 7 años de cárcel, argumentando que Latini abusó de su poder y utilizó su posición para actuar con total impunidad.
Testigos clave
Entre los testigos que declararán en el juicio destacan:
- Nancy Sosa, actual ministra de Seguridad y denunciante del hecho.
- Oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Ministerio de Seguridad.
- Evelyn Judith Sosa, ex secretaria de Latini, beneficiada con uno de los bienes sustraídos.
La defensa, por su parte, incluyó a funcionarios provinciales del área contable y del Ministerio de Seguridad.
Un caso emblemático para la justicia puntana
El caso de Claudio Latini no solo marca un hito por ser el primer juicio oral por corrupción contra un funcionario del gobierno de Rodríguez Saá, sino que también abre la puerta a un posible efecto dominó judicial que podría alcanzar a otros ex funcionarios del albertismo.
La resolución del tribunal, que será anunciada una vez que la defensa defina el tipo de juicio (unipersonal o colegiado), podría sentar un precedente histórico en la lucha contra la corrupción en San Luis.
