La provincia de San Luis enfrenta un panorama judicial preocupante, con índices de resolución de causas que se ubican entre los peores del país. En este contexto, resulta inadmisible que los jueces de Villa Mercedes, en lugar de enfocarse en mejorar la eficiencia y transparencia del sistema, exijan que sus salarios sean ajustados automáticamente por inflación, un privilegio que no tienen ni los empleados públicos ni los privados.
Esta solicitud, presentada por el Colegio de Magistrados de Villa Mercedes, pone en evidencia un abuso de poder que raya en la arrogancia de una «casta» judicial que parece desconectada de la realidad socioeconómica que atraviesa la población. La iniciativa no solo carece de fundamentos éticos, sino que también ignora el esfuerzo de miles de trabajadores que, día a día, enfrentan la erosión de sus ingresos sin contar con semejantes garantías.
Resulta indignante que, en un contexto donde las causas judiciales se acumulan sin resolución y donde las víctimas de delitos esperan años para obtener justicia, los magistrados prioricen demandas que solo benefician a su propio bolsillo. ¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en un sistema que demuestra tan poca empatía con los problemas reales de la sociedad?
Por ahora, la causa presentada por los jueces permanece reservada, pero se espera que se resuelva en los próximos días. Sin embargo, la mera existencia de este reclamo envía un mensaje profundamente negativo a la ciudadanía, reforzando la percepción de un Poder Judicial que actúa como una élite desconectada y privilegiada.
San Luis necesita un sistema judicial comprometido con resolver los problemas de la gente, no uno que utilice recursos públicos para sostener beneficios exclusivos. La provincia ya enfrenta una crisis de credibilidad institucional, y demandas como esta solo agudizan el descontento social y debilitan el vínculo entre los ciudadanos y las instituciones.
Es hora de que los magistrados de Villa Mercedes reconsideren sus prioridades y trabajen para recuperar la confianza del pueblo. En lugar de buscar privilegios, deberían enfocarse en reducir los alarmantes índices de ineficiencia judicial que tanto afectan a la provincia.
