Luego de una investigación realizada por el fiscal Federal en San Luis, Cristian Rachid y de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de Protex, se detectaron indicios de que en Remar había “situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y explotación laboral e irregularidades patrimoniales”.
El martes se realizaron 38 allanamientos en simultáneo en San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y provincia y Ciudad de Buenos Aires. Fueron dispuestos por el juzgado Federal de San Luis a cargo de Juan Maqueda.
En los procedimientos, intervinieron Gendarmería Nacional, áreas especializadas de la Policía Federal, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de trata y la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas, según informaron desde el Gobierno de la Nación.
“De los allanamientos y relevamientos que se realizaron durante toda la jornada se verificaron múltiples y diversos indicadores de explotación laboral sobre la mayoría de las 498 personas acogidas en las sedes de Remar”, consignaron.
A las víctimas “les imponían extenuantes jornadas de trabajo sin ninguna paga en diversos rubros como la venta ambulante, albañilería, carpintería, tareas de cosecha, reparación de vehículos, tareas domésticas y de cuidado”.
De la investigación y los operativos surgieron 14 conclusiones:
- En aquellos domicilios donde se hallaron personas acogidas, se verificaron indicadores de vulnerabilidad por razones de salud, edad, económicas, violencia de género, adicciones, etc.
- En la mayoría de los casos, las personas entrevistadas no eran oriundas de la provincia donde se encontraban.
- En varios casos se pudo saber que a las personas se les retenía los teléfonos celulares, documentos personales y/o tarjetas de débito para la posterior apropiación de beneficios sociales asignados.
- Las personas eran recibidas y acogidas en los establecimientos donde muchas veces trabajaban.
- Las principales actividades económicas de la organización que se pudieron conocer están relacionadas con la venta ambulante, venta de muebles, carpintería, mecánica, construcción, tareas domésticas.
- En varios establecimientos se encontraron familias con sus hijos y en algunos, menores de edad trasladados sin autorización de sus padres.
- En todos los casos las personas entrevistadas manifestaron realizar tareas para la organización sin paga alguna.
- En varios casos manifestaron tener que cumplir objetivos de ventas.
- En todos los casos manifestaron no recibir salario, ni retribución dineraria alguna por las tareas encomendadas.
- En la mayoría de los casos manifestaron cumplir largas jornadas laborales.
- En algunos casos encontraron documentación de Altas y Bajas firmadas por personas que declaraban su voluntad de realizar trabajo voluntario social –Ley 25.855-. Un “voluntariado” sujeto a horarios extenuantes, topes de producción y a destajo y un sistema de premios y castigos.
- En todos los casos las personas con alguna enfermedad o discapacidad manifestaron no recibir atención médica, psicológica ni farmacológica por parte de los responsables de la organización, pero sí que se estaban rehabilitando de alguna adicción.
- En varios domicilios se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera) y títulos de vehículos.
- Durante los procedimientos, varias personas expresaron su intención de abandonar el establecimiento allanado, motivo por el cual este Comité Ejecutivo articuló con los puntos focales provinciales (Mendoza – Córdoba) la reubicación transitoria y el traslado a su provincia de origen donde se encuentran sus familiares.
Desde Nación señalaron que “en virtud de la todo lo descubierto durante el allanamiento” por sugerencia del Comité y pedido expreso de Rachid y Portex, Maqueda “dispuso la intervención de las sedes allanadas, designando a veedores de los gobiernos provinciales respectivos y con el acompañamiento de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación”.
También, por disposición del juez, “las víctimas que deseaban retirarse quedaron a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las que por diferentes motivos no podían retornar a sus hogares, bajo la supervisión de los veedores, mientras que siete ciudadanos imputados fueron notificados de prohibición de salida del país y de acercamiento a los lugares allanados”.
Desde la Justicia Federal en San Luis transmitieron que aún no hay detenidos por la complejidad de la causa y el análisis que deben llevar adelante.
