La Cámara de Diputado aprobó por mayoría la adhesión a la ley nacional de narcomenudeo, esta ley dota parcialmente de algunas competencias sobre el narcotráfico a la justicia provincial, la cual nunca trató un tema de este tipo y no tiene jueces ni fiscales que hayan abordado esta temática.
La ley en simples palabras le da la competencia a la Justica local intervenir en casos de comercialización de pequeñas cantidades de droga, comúnmente conocida como narcomenudeo, es decir investigar a los “dylers” y consumidores, dejando a los capos narcos en la competencia federal.
Desde un principio esta adhesión nace con contradicciones, explicadas propiamente por el “jefe” de los fiscales en San Luis, Luis Martínez, “Ninguno de los fiscales y jueces había pasado en un examen como materia específica la materia de narcomenudeo. Esto ya es un primer obstáculo. Esto nos está diciendo que yo podría ampliarles la competencia, pero la pregunta es si es lo mejor. Claramente no es lo mejor porque vos necesitás personas que ingresen a la función judicial sabiendo que eso está bajo su responsabilidad y competencia” dijo el Procurador General, dejando en claro que la justicia de San Luis no está preparada para investigar estos casos.
El Poder Judicial de San Luis no tiene personal suficiente hace años para tratar los delitos comunes, que en algunos casos la causas suelen tarde 10 años en completarse, juntamente por la falta de personal, y ahora se aprueba una ley donde se le da competencia para investigar miles de causas más, es incomprensible o ingenuidad.
Sin contar que la Justicia no está preparada para dar esta lucha, la Policía de San Luis no corre con diferente suelte, vemos la ola se inseguridad que azota la Provincia sin respuesta alguna del Ministerio de Seguridad, ahora se pretende que esta misma policía investigue casos de narcomenudeo, si no pueden garantizar la seguridad de los vecinos en delitos comunes, ya sea por la falta de efectivos y de insumos, ¿Se pretende que de abasto con los nuevos delitos que deberán combatir?
Viendo que ha sido una decisión, por lo menos desde punto de vista elemental, desacertada, esta ley trae un trasfondo económico, la adhesión habilita al Ejecutivo provincial a requerir la transferencia de créditos presupuestarios al Gobierno nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia. Esperemos que los créditos que reciba la Provincia sean para dotar de elementos a la Justica y a la Policía, y sirvan para crear una nueva penitenciaria, porque no se puede dejar de lado, que el servicio penitenciario de San Luis esta colapsado.
