El representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, acusó este lunes a Ucrania de tratar de restringir la salida de la población civil al territorio ruso.
«El régimen de Kiev, por todos los métodos disponibles y no, de cualquier manera, impide la salida de civiles y extranjeros que quieren ir a Rusia, porque temen que las personas, una vez libres, revelen la verdad sobre las acciones de los radicales ucranianos», aseveró el diplomático durante una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización sobre la situación humanitaria en Ucrania.
«Se trata de amenazas, intimidaciones, chantaje, violencia física y el uso mortal de armas», afirmó Nebenzia. Citó como ejemplo la declaración del alcalde de la ciudad de Sumy, Alexánder Lysenko, quien aseguró este lunes que «ningún civil saldrá a Rusia y a los que traten de hacerlo les dispararán».
Al mismo tiempo, el embajador señaló que las autoridades ucranianas «ignoran el hecho de la presencia de refugiados ucranianos en las regiones de Rusia». En total, al país euroasiático han llegado «más de 168.000 personas», entre ellas 5.550 en las últimas 24 horas, sostuvo Nebenzia. Asimismo, tachó de «absurdas» las solicitudes de las autoridades ucranianas sobre la evacuación de las zonas controladas por Rusia, afirmando que «ninguno de los habitantes de esos asentamientos ha manifestado su voluntad de marcharse».
Minutos antes, la Sede de Coordinación Interdepartamental rusa para la Respuesta Humanitaria en Ucrania informó que Rusia ha declarado un alto el fuego y está dispuesta a facilitar corredores humanitarios en Ucrania a partir de las 10:00 (hora de Moscú) de este martes.
En los últimos 3 días, Rusia abrió corredores humanitarios en varias ciudades ucranianas: Mariúpol, Volnovaja, Kiev, Járkov y Sumy. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa ruso denunciaron que hasta las 13:00 (hora local) de este lunes la parte ucraniana no ha cumplido ni una sola condición para el establecimiento de corredores humanitarios, mientras las unidades de nacionalistas no dejan salir del país a la población civil local ni a los ciudadanos extranjeros bajo la amenaza de violencia física.