Con profunda preocupación advertimos que el Gobierno de la provincia de San Luis, mediante el Decreto 195-MJG y C-2022 habilitó la designación provisoria y discrecional de 30 funcionarios judiciales (fiscales y defensores adjuntos) con la colaboración de los Colegios de Abogados y Procuradores; ello, con el argumento de la inminente puesta en marcha del sistema acusatorio (1/2/22) en el marco del nuevo código de procedimientos penales sancionado mediante ley 0152-2021 promulgada por el Poder Ejecutivo, el
26/8/21 mediante decreto 4832 MJGyC-2021.-
La urgencia planteada no justifica la designación de funcionarios que no tendrán el proceso de evaluación previsto en la ley 615/08, que procura garantizar la “IDONEIDAD” como requisito de admisibilidad (art. 23 de la Constitución Provincial), lo que resulta de extrema gravedad institucional, aunque la decisión esté respaldada por el art. 118 de la reciente reforma judicial impulsada por el Gobierno provincial a través de la ley 0086-2021.-
Resaltamos que han transcurrido más de cinco (5) meses desde que fuera aprobado el nuevo código y desde que se sancionara la nueva ley orgánica de Administración de Justicia, por lo que hubo suficiente tiempo para poner en marcha las evaluaciones previstas para los funcionarios judiciales y no se hicieron, destacando que las garantías y derechos más importantes de las que
gozamos los ciudadanos (vida, libertad, propiedad, honor etc) pueden depender de quienes resulten discrecionalmente elegidos para ocupar esos cargos.-
En definitiva, una negligencia (omitir evaluaciones) no puede subsanarse con otra negligencia (designaciones discrecionales y provisorias), por lo que instamos a quienes forman parte de la estructura del poder dominante en la provincia, a priorizar la “IDONEIDAD”, como resguardo constitucional para un mejor servicio de JUSTICIA.
