Con los votos en contra del Frente de Todos y la izquierda, el jefe de Gobierno consiguió aprobar la Ley de Emergencia Económica, que le da amplias facultades para reasignar partidas.

Con la Legislatura vallada pese a que la cuarentena, Horacio Rodríguez Larreta consiguió que se aprobara la Ley de Emergencia Económica que envió y que le da amplias facultades para reasignar partidas, congelar programas y la planta de personal en función de la pandemia. La norma fue votada con 38 votos afirmativos del PRO y sus aliados y tuvo en contra 21 votos del Frente de Todos -que advirtió que se trataba de un «cheque en blanco«-, y de la izquierda. El artículo que permitía pagar los salarios de los estatales en cuotas fue eliminado como parte de la estrategia de Larreta para conformar a sus aliados.

La norma fue votada por las distintas variantes que conforman Juntos por el Cambio porteño: PRO, UCR y el sector de Martín Lousteau, el Partido Socialista, a los que se sumó GEN de Margarita Stolbizer. En contra votaron el Frente de Todos, el FIT y Autodeterminación y Libertad. La ley que aprobaron le da la facultad al Gobierno porteño para reasignar partidas en función de la crisis y suspender programas que no considere esenciales. También congela la planta de empleados estatales, permite renegociar contratos y concesiones, habilita a generar planes para incentivar el pago adelantado de impuestos, todo en función de la pérdida en la recaudación que -advierten desde el Ministerio de Hacienda porteño- están experimentando.

La iniciativa fue defendida por el oficialismo en una sesión presencial, que se volvió a hacer en el Salón Dorado -que permite mayor distancia entre los legisladores-, con barbijos, alcohol en gel y otros cuidados. Incluso la justificaron sectores históricamente reacios a los superpoderes como la Coalición Cívica. La legisladora de ese espacio Lucía Romano lo argumentó de esta manera: «Esta es una ley de emergencia por un tiempo determinado, a diferencia de otros casos, en los que se ha hecho una costumbre gobernar bajo esta figura». Los efectos de la ley de emergencia durarán hasta diciembre de este año. «No es grato ni sencillo votar una Ley de Emergencia. Como todos saben, la Coalición Cívica tiene históricamente un fuerte rol en pos del correcto funcionamiento de los mecanismos de control, porque sabemos que la Republica se fortalece cuando estos resortes funcionan debidamente», afirmó Romero.

También destacó que se creará una comisión de Fiscalización y Seguimiento, a la que el Gobierno porteño le comunicará mes a mes los cambios que haga. Desde la oposición, indicaban que el elegido para presidirla será Diego García de García Vilas, el jefe de bloque del oficialismo. La comisión puede -aunque no está obligada- a pedir la asistencia de la Auditoría General de la Ciudad. Esto no cumple con el pedido que les hizo la presidenta de ese organismo de control, Mariana Gagliardi, de que la Auditoría intervenga sobre todo en las compras y contrataciones durante la pandemia.

Desde el Frente de Todos, remarcaron que no están en contra de votar una emergencia económica, pero que la ley debería haber tenido mayores límites. «Sabemos que es necesario una Ley de Emergencia Económica en la Ciudad para combatir al coronavirus, pero no estamos dispuestos a darle un cheque en blanco al Gobierno porteño y otorgarle superpoderes que, además, están prohibidos por la Constitución», indicó el legislador Santiago Roberto.

«Si bien realizaron algunas modificaciones, nos parece que es puro maquillaje porque el proyecto de ley no aclara donde van a ir los recursos para combatir esta pandemia. Necesitamos que quede expresado claramente el destino que tendrá la reasignación de partidas porque es fundamental que le llegue a los comedores comunitarios que cada vez alimentan a más personas y que sirva para resolver la emergencia habitacional de los barrios vulnerables y así impedir que el contagio de la enfermedad se disperse entre sus habitantes», indicó el legislador, quien advirtió que «desde que comenzó la crisis económica y sanitaria en la ciudad, hemos presentado distintos proyectos que el oficialismo no ha querido tratar». En particular, Roberto había presentado un proyecto para cobrar un impuesto a los bancos y otros sectores financieron que el oficialismo no quiso incluir en esa sesión.

«Es un serio retroceso para la división de poderes en la Ciudad de Buenos Aires, para el control y rendición de gastos y de uso de presupuesto. El Gobierno porteño se atribuye el cien por ciento de la posibilidad de modificar partidas presupuestarias con la excusa de la pandemia en un contexto en el cual han tenido definiciones como retirar la plata de los comedores comunitarios para entregarlas a subsidios a Metrovias, empresa de los hermanos Roggio», indicó el legislador Juan Manuel Valdés, en referencia la denuncia que hizo su compañera de bloque Lorena Pokoik y, luego de la cual, la gestión PRO debió dar marcha atrás con la decisión.

En tanto, desde la izquierda cuestionaron el proyecto. «El eje de la ley es reasignar partidas a discrecionalidad, sacándoles a sectores como la vivienda social, cuando lo que habría que hacer es lo contrario», advirtió Alejandrina Barry, del FIT. «Si hay problemas de financiamiento, mientras Larreta propone que paguen los y las trabajadoras de la Ciudad, nosotros proponemos que paguen los que han especulado con la deuda, los que obtuvieron suculentas ganancias a pesar de que llevamos casi diez años de estancamiento económico, y los que más tienen», indicó Marta Martínez, de AyL.