San Luis (LaNoticia) 23-05-2019. Mabel Tyempertiopolo, la dueña de Transporte Polo, la empresa a la que pertenecía el colectivo, en el que viajaban las víctimas de la tragedia de Zanjitas, que fue impactado por un tren, deberá afrontar un juicio penal que comenzará el 1 de julio de 2019. Así se lo confirmaron dos magistrados a los familiares de las niñas, después de la marcha de ayer.
Verónica Santarella, madre de una de las niñas sobrevivientes, le contó a La Noticia en San Luis que luego de la manifestación pacífica, que hicieron para pedir celeridad en las causas judiciales, fueron recibidos por la jueza Virginia Palacios y por el camarista Hugo Saa Petrino quienes les confirmaron la fecha de inicio del segundo juicio por la tragedia que conmocionó a San Luis, el 2 de noviembre de 2011.
Gabriel Lutens, por entonces fiscal de la causa, en su requisitoria solicitó para Tyempertiopolo, lo mismo que al chófer. 4 años y 8 meses de prisión. Casi el máximo que se puede pedir para el delito de «homicidio culposo y lesiones culposas, agravados por la pluralidad de víctimas”.
«Fue todo muy positivo, fue importante que hiciéramos la marcha, porque no hizo falta que dejáramos el petitorio, porque en la reunión con los jueces nos tenían todo listo, nos dieron fecha de juicio para el 1 de abril», indicó Santarella madre de María Serena Belaustegui, sobreviviente de la tragedia. La chica hoy tiene 17 años y estudia derecho.
Santarella reveló que en la reunión con los magistrados se enteraron que por la paralización de las causas «hay también responsabilidad de nuestros abogados». Ya que, en el encuentro con los jueces, Virginia Palacios los anotició de que las compulsas por falsos testimonios recayeron en su juzgado y la causa se archivó debido a que los familiares no se hicieron parte, porque los correspondientes letrados nunca les informaron que debían hacer ese trámite judicial.
En 2015, al final del juicio, en el cual se condenó Julio Cesar Jofré, chofer del colectivo y el único que cumple prisión preventiva hasta hoy. Se pidió que se investigara por falso testimonio al párroco Daniel Pérez, a la directora del Colegio Santa María, Mónica Noemí Luna y la docente María José Amitrano. «La jueza nos explicó que podemos reactivar las compulsas con un escrito que presentaremos todos los padres», expresó Santarella.
Cristina Sosa Puebla
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