A medida que avanzan los procesos judiciales por hechos de corrupción contra ex funcionarios nacionales, más de uno se pregunta qué pasa que los hermanos Rodríguez Saá siguen gozando con total impunidad, de una riqueza sin precedentes en un gobernante honesto.
El patrimonio que poseen no tiene nada que ver con sus declaraciones juradas de bienes. Aun cuando varios de sus dominios no estén a sus nombres, es vox populi cuáles son sus testaferros y quiénes son los nuevos ricos de San Luis, desde que la voluntad popular benefició a los hermanos demoliberales devenidos en presuntuosos líderes nacionales y populares.
Hay hijos de carniceros que jamás podrían gozar de semejante bienestar por el esfuerzo propio, aunque hayan pasado por las aulas de alguna facultad de derecho. Hay notorios miembros de tradicionales familias puntanas arraigadas desde su inmigración de países árabes, cuya actividad fue comercial y próspera, pero nunca comparable a la fortuna que todos conocemos que tienen.
Sin embargo, la cosa juzgada protege a los hermanos del poder y también a sus palos blancos. Protección, que aunque parezca extraño, tendrá su fin más pronto que tarde y más allá de la voluntad y la imposición de ellos mismos. La cosa juzgada también puede ser fraudulenta y frente a esos casos estamos en la situación de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, luego de extraños resolutorios judiciales.
La institucionalidad de un Estado y su inevitable continuidad jurídica, hará que surja la revisión de esos procesos penales que arbitrariamente fueron cerrados mediante artilugios legales, urdidos desde las entrañas mismas del poder que indebidamente les generó tamaña materialidad.
En las provincias normales, donde el régimen constitucional nunca toleró las reelecciones indefinidas, estas cosas no sucedieron al menos en las últimas tres décadas. Pero en San Luis si ocurrió. Entre otros factores por la permanencia casi atemporal en el ejercicio del poder. Ese poder que llevó a la confusión del patrimonio personal, el presupuesto provincial y sistema partidario que sustenta al gobierno. Ese desborde institucional es aquello que los entendidos definen como “régimen patrimonialista”. Ese es el método de los hermanos Rodríguez Saá que mérito de la conciencia colectiva nunca llegó a convertirse en método nacional, como lo intentaron en las tres oportunidades en que disputaron la Presidencia.
Sistema patrimonialista cuyo fin será la institucionalización de la normalidad, que tiene como punto de partida la recuperación del funcionamiento normal del Poder Judicial y la indispensable reforma constitucional en la provincia de San Luis.
Obviamente que no están involucrados todos los jueces en la protección del poder, pero sí los suficientes como para que esta inmoralidad patológica tenga vida en nuestras tierras.
Alguna vez, en estos mismos años, Córdoba sufrió el apoderamiento indebido de bienes públicos por parte de sus gobernantes, pero el Poder Judicial se encargó de devolver la credibilidad a los cordobeses en el sistema republicano de gobierno. Lo mismo sucedió en Santiago del Estero, aunque en nombre de esa institucionalidad se haya instalado un sistema familiar semejante al anterior. Corrientes es otro ejemplo de provincias en las que una familia se adueñó del mando y se quedó con la mitad de su territorio. También, aunque no en la medida deseada, recuperó su normalidad.
San Luis va a recuperar su normalidad cuando logre la real existencia del único departamento de Estado que tiene la obligación de actuar con independencia e imparcialidad. Para lograr el objetivo, los dirigentes alternativos al gobierno deben poseer cualidades suficientes como para no claudicar ante los ahora poderosos. Cuando ello sea posible, las cosas juzgadas dejarán de ser fraudulentas.