Ante una Plaza de Mayo colmada, las organizaciones de derechos humanos leyeron su documento por los 39 años del golpe cívico militar, en el que remarcaron que «las Fuerzas Armadas tuvieron como socios a las corporaciones de prensa, la Iglesia, el Poder Judicial y las empresas». De cara a las elecciones de octubre, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, pidió que «cuando vayamos a las urnas pongamos también a la memoria en ese sobre» y alertó que «los candidatos de la impunidad son muchos».
Referentes de los organismos de derechos humanos leyeron el documento del acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la Plaza de Mayo, ante cientos de miles de personas que marcharon a 39 años del golpe cívico militar.
Entre otros puntos, el documento reclamó a la Justicia el fin de la impunidad para los civiles cómplices de los crímenes de lesa humanidad, en el marco de los recientes fallos que beneficiaron a los empresarios Carlos Blaquier, Vicente Massot, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, entre otros. «Decimos enfáticamente que en la última dictadura cívico militar las Fuerzas Armadas tuvieron como socias a las corporaciones de la prensa, la Iglesia, el Poder Judicial y las empresas», afirmó el documento.
«En la mesa que planificó el hambre y la exclusión estuvieron los genocidas como Videla y Massera sentados con la prensa canalla como Clarín y La Nación», leyeron desde el escenario y afirmaron que el golpe no hubiera sido como fue «sin los empresarios del horror, sin sus aparatos de prensa, sin sus amedrentamientos ideológicos amparados en la supuesta fe cristiana, sin sus empresas al servicio de la persecución de los obreros organizados».
En otro tramo del acto, se recordó a las víctimas de violencia institucional como Miguel Bru, Walter Bulacio, Maxi Kostecki y Darío Santillán y se destacó la aparición tras más de cinco años de búsqueda del cuerpo de Luciano Arruga. «Ni olvido ni perdón por Luciano Arruga, juicio y castigo a todos los culpables ya», reclamó uno de los oradores. A ese reclamo se sumó el pedido por la aparición del testigo Jorge Julio López y expresiones de apoyo para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, y para «el pueblo de Venezuela y su resistencia a los ataques imperialistas».
«Que César Milani sólo continúe en su cargo si se comprueba que no tuvo participación en ningún crimen de lesa humanidad», añade el documento, que también reclamó la derogación de la Ley Antiterrorista. A eso se sumó el cuestionamiento al jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri por su intención de que la Policía Metropolitana utilice las políticas eléctricas Taser.
El cierre del acto estuvo a cargo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien insistió en la importancia de la lucha para recuperar a los nietos apropiados y volvió a reclamar «que se rompan ya todos los pactos de silencio que nos impiden encontrar a nuestros nietos». «Basta de silencio, digan dónde están», manifestó, para luego recordar las restituciones logradas en el último año, incluida la de su nieto, Ignacio Guido Montoya Carlotto.
«Vamos a seguir juntos buscando a todos los que faltan», remarcó Estela. Luego destacó que «ya son casi 600 los genocidas condenados y casi 900 los procesados» y consideró que los fallos recientes que favorecieron a Blaquier, Massot, Magnetto y Herrera de Noble son «una muestra de la defensa corporativa de un sector del poder judicial para garantizar la impunidad de los genocidas civiles».
Por último, Carlotto se refirió a las elecciones de octubre y pidió que «este año cuando vayamos a las urnas pongamos también a la memoria en ese sobre». «Los candidatos de la impunidad son muchos, pero también lo son los del futuro, porque el futuro es nuestro», concluyó.
Una marcha con cuestionamientos
Por otra parte, las organizaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se movilizaron junto a partidos de izquierda desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, donde expresaron críticas tanto a la Justicia como al gobierno nacional, bajo la consigna “No a la criminalización de la protesta y la pobreza”.
Las consignas de la segunda movilización del día en homenaje a los 30 mil desaparecidos por la última dictadura militar incluyeron el pedido de cárcel a todos los genocidas, la apertura de los archivos del último gobierno de facto y de los servicios de inteligencia, hasta la actualidad, y la exigencia del desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje.
También pidieron la destitución del jefe del Ejército, César Milani, y del secretario de Seguridad, Sergio Berni, además de denunciar la «manipulación y encubrimiento del Estado y la Justicia” en la investigación del atentado a la AMIA, y exigir la creación de una comisión investigadora independiente.
«Esta marcha denuncia que quienes quieran reemplazar a los K, como Mauricio Macri, han montado su propio Estado policial en la Ciudad, a través de la Policía Metropolitana que fundó el Fino Palacios», manifestó Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero. «Esta es la marcha histórica del 24 de marzo, la que defiende las libertades democráticas y el juicio y castigo a los culpables con independencia de los gobiernos de turno», remarcó.