Los dos hermanos Rodríguez Saá son candidatos en la próxima elección, Adolfo titular y Alberto suplente y el gobierno que dominan, está desbordado en sus excesos, frente a la ansiedad de ganar el 22 de octubre y, en ese camino, siguen cometiendo ilegalidades que deben ser frenadas por el Poder Judicial.
Han avasallado las decisiones de los partidos políticos opositores, desconociendo sus veredictos respecto de la conformación de las listas de candidatos provinciales, y la unidad básica judicial sigue como si no pasara nada.
Han utilizado las cabinas de peaje de toda la provincia para repartir folletería explicando que no tienen nada que ver con el Kirchnerismo, mientras su segunda candidata a diputada por Pueyrredón, no sólo es K, sino que además es la esposa del único Senador Nacional K que tiene San Luis, y todo sigue como si no pasara nada.
Nadie pone límites a la malversación de caudales públicos. No hay denuncias por peculado. No hay acusaciones sobre incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, como si todo transcurriera en un marco de normalidad institucional común y silvestre, cuando todos sabemos que no es así. Que la patología del régimen familiar ha llegado a puntos extremos y también a ridiculeces extremas, como el primaveral pretendido video “espontáneo” del enamorado hombre del `Y…no sé´.
Siguen utilizando fondos públicos para comprar bienes del Estado que luego son distribuidos en los merenderos organizados por María Angélica Torrontegui. Con lo cual se configura el delito de peculado, pero todo sigue igual, como si viviéramos en la panacea institucional en donde la división de funciones del poder es una realidad tan seria como los postulados teóricos del Barón de Montesquieu.
Las calles de las principales ciudades y las rutas de la provincia siguen con las imágenes gingantográficas de Alberto y Adolfo Rodríguez, como candidatos titular y suplente a senador nacional y de repente cambian las fotografías y aparece un idílico “San Luis nos une”, pero nadie sabe quién paga semejante publicidad. Tampoco hay investigaciones al respecto. Empresas publicitarias tan raras, que parecen tener solo dos clientes para sobrevivir durante todo el año: el Gobierno de San Luis y el Partido Justicialista.
Las tabletas o dispositivos digitales que se regalan a diestra y siniestra en espacios públicos y en el propio Partido Justicialista, insumieron un total de 81 millones de pesos de todos los sanluiseños, que le fueron quitados a la salud pública, a la seguridad, a la educación y a la justicia, solo para satisfacer el ego de los hermanos candidatos, pero todo parece justificado por la discrecionalidad con que se maneja el Poder Ejecutivo.
Los Poderes públicos están desdibujados. El presupuesto provincial es una ficción. Los 81 millones de las tablets no se sabe si salieron de la Universidad de La Punta o del Ministerio de la empedernida usuaria de estrafalarios anteojos, a cuyo cargo está la entrega de los dispositivos digitales. No se sabe por qué no se cumple el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.
La publicidad de los actos de gobierno no es contratar una, dos o veinte páginas en El Diario de la República, propiedad de ellos mismos, sino dar cuenta detallada de la utilización de los dineros públicos, pero el Tribunal de Cuentas de la Provincia está desaparecido.
El Poder Judicial debe actuar. Debe actuar para evitar que la Provincia de San Luis ingrese al camino de su desmantelamiento. Son capaces de las peores tropelías con tal de no perder una pisca de poder, pero al poder hay que ponerle límites y para eso fue creado el Poder Judicial, aunque su tarea, en términos generales esté desvirtuada.