El organismo internacional de derechos humanos le pidió al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a la ministra de Educación, Soledad Acuña, precisiones sobre el documento con el que el Ejecutivo porteño ordenó denunciar penalmente las protestas estudiantiles. “Preocupa que la respuesta ofrecida por el Estado frente a reclamos educativos sea la intervención de las fuerzas de seguridad”, expresó Amnistía.
Amnistía Internacional presentó un pedido de información al gobierno porteño sobre el “Instructivo sobre forma de proceder en caso de tomas de instituciones educativas” difundido por el Ministerio de Educación de la Ciudad, que ordena denunciar penalmente la “situación de toma” en los colegios.
El organismo de derechos humanos cuestionó que el “Instructivo” ordene a los responsables de los establecimientos educativos dar participación a la policía ante las protestas. “Preocupa que la respuesta ofrecida por el Estado frente a reclamos educativos sea la intervención de las fuerzas de seguridad”, señaló Amnistía, que expresó su preocupación por la calificación como “delitos o contravenciones” las tomas de colegios, hecho que representa una “criminalización del derecho de participación de los estudiantes”.
AI añadió que los centros de estudiantes están avalados por las leyes 137 y 26.877, que los admiten como “órganos democráticos de representación estudiantil”, y que la Constitución porteña “reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos, con derecho a la organización y a la participación en entidades estudiantiles”.
Amnistía cuestionó, además, que el instructivo no lleve la firma de una autoridad responsable del Gobierno de la Ciudad, lo que “hace preguntarse sobre su naturaleza y origen legal” de la directiva. Por eso dirigió el pedido de información al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a la ministra de Educación, Soledad Acuña, para que respondan qué acto administrativo dio origen al protocolo y si fue aprobado por decreto, resolución o disposición del Ministerio.
Acuña ya había sido intimada a finales de la semana pasada por el titular de la Asesoría Tutelar número 1 de la Ciudad, Gustavo Moreno, para que confirmara si dio la orden de poner en marcha el protocolo que reflota otro protocolo dictado en 2012 por Esteban Bullrich, que finalmente debió ser anulado por decisión judicial.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, afirmó que el instructivo “impone a los responsables legales de los establecimientos educativos criterios de actuación que entran en conflicto con derechos constitucionales”, porque se vulnera el derecho de los estudiantes “a participar en las políticas que les conciernen, a ser oídos en sus reclamos y a manifestarse libremente”.
