San Luis (LaNoticia) 04-05-17. Desde la comisión directiva del SIDIU criticaron duramente el fallo de la Corte que beneficia a genocidas.
También lo hizo Ana María Garraza -ver nota de Opinión aparte- quien fue víctima, junto a su familia, de las torturas de los integrantes de la dictadura militar. Lo propio hizo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH-San Luis) de San Luis.
APDH-San Luis
La APDH Regional San Luis “se une al rechazo expresado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo por las expresiones del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), José María Arancedo, de promover un encuentro que intenta promover `reconciliar´ a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado, pretendiendo escuchar `testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad´”, según expresa el comunicado.
“Es una idea miserable que ni siquiera tiene fundamentos, cuando desde los organismos de DDHH venimos bregando desde hace 40 años, para sentar en el banquillo de los acusados a los principales responsables del terrorismo de Estado, es decir a los civiles y militares y al poder económico en particular, en la búsqueda de Verdad y Justicia”, señalan y agregan palabras de “Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora”, quien manifestó que “`¿Ahora vienen a pedir reconciliación? Deberían decirles a los militares genocidas que vayan a los tribunales a declarar toda la verdad sobre nuestros hijos´”, y Estela Carlotto Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo opinó en la misma línea: `No tenemos que reconciliarnos con nadie; yo no agravié a nadie; fui agraviada con el asesinato de mi hija y el robo de mi nieto´, remarcó. Abuelas aún busca a más de 300 bebés apropiados durante el terrorismo de Estado. No hay diálogo posible con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas; con quienes niegan información sobre su destino final; con quienes saben dónde están los más de 300 nietos y nietas que aún son esclavos de la mentira y, a 40 años de su apropiación, continúan viviendo bajo una identidad falsa”.
“Aquí hubo un genocidio perpetrado por un brazo ejecutor, las fuerzas armadas, y un bloque de poder donde confluían los empresarios locales, las agencias gubernamentales, la CIA y las empresas de los EEUU, las cúpulas de la Iglesia, los partidos políticos tradicionales y casi toda la industria de la comunicación de entonces. Los responsables del genocidio, quienes gozaron de impunidad durante más de 30 años, hasta ahora no han tenido la hombría de decir ante la justicia la verdad sobre los delitos cometidos, sobre el destino de los desaparecidos ni tampoco dónde están los 300 nietos que falta restituir a sus familias”, aseguran para finalizar señalando que “desde nuestra Institución decimos: NO A LA RECONCILIACIÓN, seguimos exigiendo VERDAD MEMORIA Y JUSTICIA”.
SIDIU
El sindicato que nuclea a docentes e investigadores universitarios de San Luis, emitió un comunicado de prensa bajo el título “Delitos de Lesa Humanidad. Vergonzoso fallo de la Corte Suprema”.
En señalan que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo dividido resolvió aplicar la ley del 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad. Nos da vergüenza, nos revela y lo repudiamos”, agregando que “la nueva correlación de fuerzas que logró la Alianza Cambiemos al meter a presión en la Corte a dos Jueces propios, van de la mano con la correlación de fuerzas hacia el interior de un Gobierno constituido principalmente por negacionistas de los horrores perpetrados por la última dictadura militar. Los muertos y torturados de la dictadura, las personas desaparecidas, los 30.000, los cientos de niños y niñas, robados, apropiados, ahora adultos, privados de su identidad no son equiparables a otros delitos. Negacionistas, tecnócratas, civiles de la dictadura hoy gobiernan con desparpajo, cinismo y una preocupante sed de revanchismo”, por lo que “los sindicatos debemos repudiar y denunciar este otra forma de violencia y convocar a cada unx de lxs trabajadorxs a constituirse individual y colectivamente en defensores acérrimos de los derechos humanos”.
Carlos Rubén Capella
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