La familia del maestro neuquino Carlos Fuentealba, de cuya muerte se cumplieron diez años, reclamó a la Corte Suprema la reapertura de la causa judicial que trató de establecer las responsabilidades políticas del asesinato y que prescribió el año pasado. “La democracia tiene una deuda muy fuerte con mi familia”, cuestionó Sandra Rodríguez, viuda del docente, quien además denunció que tampoco “hay garantías” de que el único condenado por el crimen, el policía Darío Poblete, “esté detrás de las rejas”.
Fuentealba murió el 4 de abril de 2007, luego de agonizar durante dos días por haber recibido un disparo de gas lacrimógeno durante un corte de ruta con el que los docentes neuquinos reclamaban mejoras salariales y de trabajo a Jorge Sobisch, por entonces gobernador y socio político de Mauricio Macri, quien se desempeñaba como jefe de gobierno porteño.
Los vínculos entre Macri y Sobisch eran tan cercanos que el neuquino recibía asesoramiento de referentes del PRO capitalino. De hecho, su principal asesor en seguridad cuando la policía reprimió a los docentes y mató a Fuentealba era el actual secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.
A la hora de determinar las responsabilidades políticas por el crimen, ni Sobisch quedó como imputado. La causa Fuentealba II sentó sobre el banquillo a 15 imputados que participaron del operativo de represión, pero todos quedaron sobreseídos al caer la causa: Raúl Pascuarelli, Carlos David Salazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Mario Rinzafri y Jorge Bernabé Garrido. También Julio Cesar Lincoleo, Aquiles González, Rubén Hernández, Pablo Oddone, Félix Torres, Cristian Vázquez Salinas, Luis Alberto Rodríguez y Oscar Antonio Lezama.
“Antes de cumplirse el primer aniversario del gobierno de Macri, amigo del ex gobernador Sobisch, se decidió que la causa Fuentealba II prescribiera por el vencimiento de plazos”, sintetizó la viuda de Fuentealba, Sandra Rodríguez, a través de una carta publicada por la revista La Garganta Poderosa.
Por este motivo, la familia del docente, acompañada por integrantes de Aten, Ctera, el CELS y la Internacional de la Educación, presentó un recurso extraordinario ante el máximo tribunal para que el caso sea reabierto. El planteo refiere a una «clara violación a los derechos humanos instalado a partir de un crimen institucional”, por lo cual el Estado debe investigar” y garantizar el “derecho a la verdad», explicó el titular del sindicato docente neuquino Aten, Marcelo Guagliardo.
Por su parte, en la carta titulada “El maestro del pueblo” y difundida a través de la revista editada por chicos y chicas de distintas villas porteñas, Sandra Rodríguez recordó a su ex marido como un hombre que “se hacía escuchar, tal como ocurrió en su última asamblea, cuando se votó ir a la manifestación en Arroyito. ‘Sobisch está buscando un muerto’, me dijo. Y sí, el muerto fue él”.
Su asesinato, sostuvo, “fue un atentado contra el pueblo” y como tal “trascendió las fronteras de Neuquén”. Añadió: “A diez años de su fusilamiento, seguimos batallando por los derechos que, consecutivamente, durante todos los gobiernos liberales, nos quisieron arrebatar: el acceso a la educación pública, la igualdad de oportunidades, el salario digno y el valor de la tarea docente. O sea, por lo mismo que lucharon Stella Maldonado, Isauro Arancibia y Carlos Fuentealba.”
Durante la mañana, el docente asesinado fue recordado en Neuquén con un acto hecho en el memorial que lo recuerda sobre la ruta nacional 22, en el paraje Arroyito, donde fue baleado por Poblete. Luego se realizó una marcha por esa ruta hasta la capital provincial.
