San Luis (LaNoticia) 28-03-17. Sabido es que el forense Ricardo Torres ama ser protagonista en los medios de comunicación, pero a veces se pasa de vuelta.
Torres es `famoso´ por sus metidas de pata mediáticas, aunque tiene la suerte de que en el Poder Judicial son pocos los que se atreven a enfrentarlo debido al padrinazgo que goza de los hermanos dueños del poder provincial.
Pero al parecer, esta vez se le terminó la paciencia a alguien. Precisamente se trata de Virginia Palacio Gonela, quien a cargo de la investigación del brutal asesinato de Florencia Di Marco, dedicó el último ítem, el décimo, de su resolutorio de procesamiento de Gómez, a pedirle al Procurador y al Superior Tribunal que investiguen la conducta de Torres respecto de sus declaraciones a la prensa.
Así las cosas, la juez dispone en el décimo punto que “atento a la conducta asumida por el médico forense interviniente Dr. Ricardo Torres, en orden a la información vertida en los medios de comunicación, cuando la presente causa se encontraba en plena etapa de investigación y pudiendo haber puesto en serio riesgo los fines del proceso en orden al descubrimiento de la verdad real, líbrese oficio al Superior Tribunal de Justicia y al Sr. Procurador General de la Provincia a fin de que disponga las medidas que estime corresponder”.
Según fuentes muy vinculadas al Juzgado de Palacio Gonela, ésta “está sumamente conforme con el informe elevado por Torres, el cual utilizó en su totalidad para la resolución de la primera parte de la investigación”, pero se habría “cansado de la verborragia de Torres cada vez que se enciende una cámara filmadora o un grabador” y en determinado momento hasta pensó que con sus declaraciones, Torres “puso en peligro la resolución satisfactoria que tiene hasta ahora”.
Triste historial
El forense puntano tiene un historial bastante movidito en cuanto a procederes alejados de lo que sería la ética profesional.
Solo como ejemplo, el caso que más lo pinta de cuerpo entero cuando se ve frente a una cámara de prensa, es el caso Lara, caso en el que una bebé falleció a causa de un virus que le afectó varias partes de su cuerpo, cuyos detalles obviaremos por haber toda una familia detrás. Fue Torres el encargado de hacer la autopsia y `flaseó´ mal a la hora de ventilar a la prensa un supuesto caso de abuso contra la bebé. El tema fue que a causa de sus declaraciones, la sociedad `condenó´ antes que la justicia definiera que lo que Torres vio, no fue producto de abusos sino del propio virus que padeció la nena. En esa condena social, la vida de la familia cambió para siempre y para mal. Y Torres siguió su camino forense sin que ningún miembro del Poder Judicial lo sancionara de acuerdo al daño causado.
¡Qué diferencia!
Si uno busca casos parecidos a nivel nacional y sus resoluciones, uno se encuentra con grandes diferencias en la actuación de los funcionarios responsables.
Tal el caso donde se investigó un caso similar al de Florencia Di Marco, como fue el caso Ángeles Rawson. En el marco de esta investigación, el perito de parte Adolfo Méndez, fue procesado y condenado a seis meses de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación para ejercer su profesión, por una actitud similar a la de Torres. Méndez había dado detalles de su postura ante la prensa y la Cámara que lo condenó se basó en el artículo 266 del CPP, porque el especialista debía “guardar reserva de todo lo que conociere con motivo de su actuación”.
Ante esto nos queda la gran pregunta: el Procurador y el Superior Tribunal ¿Actuarán en este caso en consecuencia?
Carlos Rubén Capella
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