Inadmisible concesión de privilegios. Presuntos delitos. Trituración del derecho de igualdad basado en autoritarismo, etc. Y esto ocurre nada menos que en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis.
Verdaderamente, pareciera de toda incredulidad que esta gama de conductas contrarias a la ley se despliegue nada más, pero tampoco nada menos, en el ámbito donde los derechos y las garantías constitucionales que asisten y protegen a todos los ciudadanos Sanluiseños y que sus autores directos sean los propios Ministros de ese Alto Cuerpo de Justicia, los Dres. Omar Esteban Uría, Eduardo Gatica, Lilia Ana Novillo y Horacio Guillermo Zavala Rodríguez, paradójicamente ellos son a los que la Carta Magna Provincial les encomienda y obliga a que la armonía social en nuestra Provincia sea una realidad palpable, debiendo ser además fieles custodios de los Derechos de las Personas como única manera posible de que la paz social se materialice entre todos los ciudadanos de San Luis.
Pero muy lejos estamos de que esto ocurra cuando son estos mismos Ministros Judiciales lo que infringen la ley, los que actúan con autoritarismo y los que ignoran y desprecian a cara descubierta las realidades de nuestra provincia y del país.
Estos Sres. Ministros decidieron en forma autoritaria e incurriendo en el Presunto comportamiento delictivo del Abuso de Poder, Malversación de Caudales Públicos, Incumplimiento de los Deberes del Funcionario Público y probable Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, al dictar el Acuerdo 225 de fecha 09 de junio del 2016 y por el cual “se otorgó un préstamo dinerario personal al Dr. Horacio Guillermo Zavala Rodríguez a los efectos de que pudiera saldar una deuda de carácter esencialmente personal con la AFIP y que ascendía a la suma de ciento ochenta y seis mil treinta y seis pesos ($ 186.037,27), que el mencionado ministro judicial se comprometía a devolver de sus haberes mensuales en un porcentaje del treinta por ciento (30 %) hasta cubrir el monto idéntico al mencionado anteriormente”.
Es decir entonces, que el Superior Tribunal le facilitó ese dinero para que pudiera saldar la deuda personal que el Dr. Zavala Rodríguez mantenía con AFIP y de esta forma poder ingresar al Cuadro de Magistrados que podían acogerse al beneficio jubilatorio del 82 % móvil.
Este proceder del más Alto Cuerpo Judicial incurrió en la más despreciable actitud funcional de plasmar el Derecho Constitucional de Igualdad de las partes, por la razón de que otros Magistrados y Funcionarios para hacerse acreedores al mismo beneficio debieron (y que era lo que correspondía) abonar sus deudas ante AFIP con dineros propios y este fue puntualmente el caso, entre otros, de dos Secretarias que se desempeñaron en el mismo ámbito y bajo las órdenes directas del propio Superior Tribunal de Justicia. Entonces, para algunos Magistrados y Funcionarios el dinero para pagar sus deudas por el concepto señalado debía obtenerse de manera personal y con todo el esfuerzo posible, pero en cambio para el Dr. Horacio Guillermo Zavala Rodríguez la situación fue mucho más fácil, le prestaron todo el dinero, lo devuelve por mes, soluciona su problema y se ahorra una enorme cantidad dineraria en concepto de intereses ya que el Acuerdo 225 dispone la devolución exacta e idéntica a la que fue facilitada en préstamo.
¿No significa esto un Privilegio Inaceptable, una Malversación de Caudales Públicos (porque ninguna norma presupuestaria prevé efectuar préstamos personales a ningún Funcionario Público), un Abuso del Poder por el cargo que ostentan y por último también un Incumplimiento de los Deberes del Funcionario Público?
Porque cabe preguntarse, de qué Partida se extrajo este dinero facilitado en préstamo al Dr. Horacio Guillermo Zavala Rodríguez (ya que ninguna prevé este sistema administrativo contable), ya que el Acuerdo 225 contiene la gravísima irregularidad administrativa funcional de no expresar de qué lugar se va hacer esta extracción de fondos, lo que necesaria e imprescindiblemente debió decirse y aclararse, porque de lo contrario y conforme lo ordenado en dicho Instrumento Judicial, sino se justifica el origen de los fondos y determinación de la partida, es fácil y simple suponer que pueden dictarse una serie de Acuerdos con extracción de fondos sin que se exprese de que partida se hacen.
Este dinero facilitado al Dr. Zavala Rodríguez con toda seguridad privó de adquirir insumos y cubrir necesidades funcionales para el funcionamiento del Poder Judicial, pero esto a los Ministros no les importó y dispusieron hacer ese favor o como comúnmente se dice “esa gauchada” al Dr. Zavala Rodríguez, total el Poder lo tienen los Sres. Ministros y por eso en la forma en que ellos lo usan y bueno, hacen lo que quieren.
Lo que los Sres. Ministros olvidan, o no les interesa recordar es que ese dinero (casi doscientos mil pesos) facilitado al Dr. Zavala Rodríguez no es de propiedad de los Ministros autores, sino del pueblo sanluiseño contribuyente de los impuestos respectivos, cuya custodia para quienes tienen el sagrado deber y obligación de impartir justicia sobre las cosas de los ciudadanos que merecen justicia y que hay que darles lo que corresponda, debe ser inclaudicable; sin embargo, con la actitud demostrada hacia el Dr. Zavala Rodríguez, queda claro que la custodia de estos dineros públicos no les interesa absolutamente para nada, y que si ese proceder era justo o no, si correspondía concretar este préstamo porque era justo o no, nada de eso les importaba porque, reitero el poder lo tienen ellos y con eso hacen lo que les venga gana.
Es lamentable todo esto sucedido en el ámbito en que deben desarrollarse todas las políticas pertinentes para que los ciudadanos Sanluiseños sintamos que estamos protegidos por el brazo judicial constitucional de un Estado, y que debe propender sobre todo a la Defensa de los Derechos de los más vulnerables, de los más indefensos, porque ya sabemos que siempre los ricos cuando acudir a la justicia pareciera ser que para ellos las cosas son más fáciles, y para los humildes y pobres no tanto, lo que nos lleva a la eterna y antigua conclusión de que para la ley “algunos son más iguales que otros”, y con el accionar de este Superior Tribunal de Justicia, que violando un cúmulo de normas legales favorece a un par, facilitándole un préstamo por una enorme cantidad de dinero sin pago de intereses y que le solucionan de inmediato la situación, creemos que las esperanzas de que se pueda pensar en los pobres o en los más vulnerables con estos Ministros se desvanecen rápidamente.
Vemos con tristeza que las palabras del Papa Francisco de que en el mundo hay que cuidar y ayudar a los pobres lo más posible, para estos Sres. Ministros Judiciales tal exhortación cae en saco roto, porque si nos detuviéramos a pensar cuánto dinero se ahorró en intereses el Dr. Zavala Rodríguez si esta suma se pudiera direccionar a los Sectores de pobreza constatada recientemente en el país en un número del 32 % otra sería la situación.
Una verdadera lástima, pero esta es la realidad de la Justicia, en su más alta jerarquía, que existe en la Provincia de San Luis.
Ojala que en algún momento para estos Sres. Ministros pueda sobrevenir aquel milagro que el filósofo Dr. Santiago Kovaloff dijera recientemente en un programa televisivo nacional y con relación a un fallo dictado en la causa Nisman, “que pueda la justicia, más tarde o más temprano, reflexionar y cubrirse de vergüenza, al pensar en lo que fue, en lo que es y en lo que seguramente será por arrepentimiento de procederes durante el resto de la vida de esos Magistrados”.
Francisco Daniel Quiroga – Periodista
Programa radial Generando Opinión