El 2 de agosto Antonio Anastasia, relator de la Comisión Procesal que lleva el impeachment, presentará su recomendación al pleno del Senado.
De seis votos en el Senado depende el mandato de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien enfrenta un proceso de juicio político considerado por analistas como un golpe de Estado.
Así lo aseguró la semana pasada el ex presidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva, quien afirmó que en la actualidad es más fácil derrotar el impeachment.
Para apartar a Rousseff definitivamente de la presidencia es necesario que dos tercios de los 81 senadores vote a favor de la destitución. En este escenario, seis senadores de los 59 que respaldaron el juicio político deben cambiar su posición al respecto.
El 6 de julio Rousseff presentó su defensa por escrito ante la Comisión Procesal del Senado. El 13 se abrió el plazo hasta el 27 de julio para que la defensa presente sus alegatos finales por la misma vía. Los denunciantes, por su parte, tuvieron hasta el martes 12.
Estos argumentos servirán de base para que el relator de la comisión, Antonio Anastasia, elabore un nuevo informe que será presentado ante el Senado el 2 de agosto y sometido a votación 48 horas después.
El periodista argentino Fernando Vicente Prieto explicó en su blog que a dos meses de la suspensión de Rousseff el país vive una situación de conflicto institucional y social.
Agregó que ya se descartaron dos de los cinco cargos que inicialmente se le imputaron a la mandataria. «Ninguno de los restantes tiene el carácter suficiente para justificar la destitución, pero como ya es evidente, esto no es determinante, sino la relación de fuerzas políticas, atravesadas por múltiples factores», escribió.
En este escenario continúan las movilizaciones para exigir el respeto a la democracia y rechazar las medidas neoliberales impuestas por el Gobierno del presidente interino, Michel Temer, quien en dos meses acumuló una cantidad de errores y contradicciones que se reflejan en las encuestas.
El pasado 7 de julio el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien impulsó el juicio político, anunció su renuncia días después de que la Corte suprema abrió un nuevo proceso penal en su contra por considerar suficientes los indicios de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.
Una investigación del Ibope, encomendada por la Confederación Nacional de la Industria (CNI), indica que el 75 por ciento de la población considera al Gobierno de Temer regular, malo o pésimo.
Mientras, una encuesta de la empresa Datafolha reveló que Lula lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018.
En contexto
Dilma Rousseff está suspendida de su cargo mientras se estudia si es culpable de supuestamente haber maquillado los fondos públicos entre 2014 y 2015, además de «cargar» a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno.
El pasado 12 de mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político en su contra, por lo que fue separada de la presidencia por un período de hasta 180 días, en lo que es interpretado por los analistas como un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista y un atentado feroz contra las políticas sociales.