Abogados y activistas señalan que no se presentaron pruebas que demostraran que los campesinos dispararon contra los policías.
El resultado del juicio por el cual fueron condenados este lunes 11 campesinos paraguayos por los sucesos sangrientos en Curuguaty en 2012, ha generado un amplio rechazo en la nación y severas críticas.
La sentencia sobre esta masacre con penas de prisión de entre cuatro y 30 años a los labriegos, «es una bofetada para el pueblo ya que no existen pruebas» de los delitos imputados, denunció la activista Guillermina Kanonnikoff.
Pese a que era evidente la falta de elementos decisivos para vincularlos con la muerte de seis policías, se tomó la decisión de condenarlos con duras penas.
El dato: En la masacre de Curuguaty, cometida en junio de 2012, murieron 11 campesinos y seis policías durante el desalojo de trabajadores rurales que ocupaban un territorio en protesta por la escasez de tierras para el cultivo.
«Esto es una dictadura fiscal, nuestro país corre peligro en su ser democrático porque se nota que lo que hizo el tribunal fue simplemente seguir todo el libreto que había desarrollado la Fiscalía», acusó Kanonnikoff.
La mayor sentencia, de tres décadas en la cárcel y cinco años con medidas de seguridad, fue para el considerado autor de homicidio doloso del comisario al frente de la operación policial.
«Esto revela que quien maneja realmente los hilos de esta institución injusta es la Fiscalía», señaló Kanonnikoff, quien es una de las personas que protesta dentro del Palacio de Justicia tras la lectura del fallo.
Otros tres fueron sentenciados como coautores: uno a 20 años y dos a 18, mientras que el resto recibió diversas sanciones.
Sobre el juicio pesan diversas críticas, no solo por las múltiples dilaciones, suspensiones y testimonios contradictorios, sino porque además solo fueron encausados los campesinos imputados por el deceso de los agentes, mientras que ninguna autoridad involucrada fue investigada por la muerte de 11 labriegos en la misma masacre.
Los abogados defensores señalaron a través de un comunicado que consideran que la condena contra los campesinos «es ilegal y arbitraria» porque criminaliza la lucha de los trabajadores del campo y deja impune a los verdaderos responsables.
Entre las otras críticas que rodean al juicio, según la web Última Hora, se encuentra que los fiscales acusadores cambiaron la carátula del hecho punible sin presentar la debida notificación a los abogados defensores para que estos pudieran preparar un alegato al respecto.
Asimismo, no se presentó ninguna prueba que evidenciara que los campesinos dispararon contra los policías ni tampoco un testimonio fiable.
Además, la fiscal Liliana Alcaraz vitoreó la decisión del Tribunal, aspecto que será presentado por la defensa de los labriegos como una de las causales para anular el juicio.
En contexto
La masacre de Curuguaty ocurrida el 15 de junio de 2012 se produjo cuando un grupo policial paraguayo desalojó un colectivo de campesinos que ocupaban una finca para la producción agrícola, llamada Campos Morombu, a solicitud del Ministerio del Interior.
El proceso judicial concluido el lunes se refirió exclusivamente a las muertes de los seis policías, mientras que el expediente por los 11 campesinos asesinados no ha avanzado y no hay ningún oficial de policía imputado por participar en estos hechos.
El campesino Rubén Villalba fue condenado a 30 años de cárcel más cinco años de medidas de seguridad, Luis Olmedo a 20 años y Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez a 18 años.
También fueron declarados culpables Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López, con sentencias de seis años de cárcel, mientras que Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería recibieron penas de cuatro años de prisión cada uno.
