El único condenado por el peor choque que dejó 18 muertos recibió 8 meses de suspensión. Solicitaron investigar al jefe del 911.
El juicio a policías del 911 por el choque entre un camión y un colectivo en la ruta 7 llegó a su fin ayer, pero abrió un capítulo judicial mucho más abarcativo. Es que la juez a cargo del caso, Dolores Ramón, del Tercer Juzgado Correccional, pidió que se investigue a varios comisarios de la Policía de Mendoza, entre ellos al jefe del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), recientemente pasado a situación “pasiva”.
De los cuatro efectivos de bajo rango del 911 y de la Comisaría 25 que fueron acusados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, el único condenado fue José Torres, quien recibió 8 meses de suspensión y 2 mil pesos de multa. El resto resultó absuelto.
Los uniformados fueron juzgados por la conocida como “tragedia de la ruta 7” que ocurrió el 7 de febrero de 2014 cuando un camión de la empresa brasileña AMC que transportaba ajo y un micro de Mercobus chocaron de frente en esa ruta, en uno de los tramo del Departamento San Martín. El siniestro terminó con la vida de 18 personas y más de una decena de heridos.
El micro venía a Mendoza desde Córdoba y en contramano circulaba el camión conducido por Mariano, de 35 años, a alta velocidad. A la altura de San Martín chocaron de frente y el colectivo se prendió fuego.
Varias personas habían alertado a la Policía de que un camión con patente brasileña estaba conduciendo en contramano, sin embargo nada se hizo para frenarlo.
Por esto se juzgó a dos operadores (despachadores) del CEO porque “no habrían enviado móviles a parar el camión conducido por un brasileño ebrio” y a otros dos porque “no asentaron una dudosa denuncia de un hombre cuyo auto fue dañado por el camión”.
Entre las fallas que se detectaron fue el hecho de que dos de los uniformados encontraban almorzando y sus radios no tenían baterías o se estaban cargando (algo que no puede pasar, según el reglamento) y que el comisario de la seccional 25 de Guaymallén que tenía que estar de servicio se había ido a almorzar a su casa, en San Martín.
También se detalló que las telefonistas que recibieron varios llamados minimizaron el hecho: en uno de ellos se denunciaba que el camión iba en contramano, el chofer estaba ebrio, había sacado de la cinta asfáltica a varios autos y «se iba a producir una tragedia», y el mensaje fue transmitido a los despachadores como «alteración del orden público» y alerta amarilla (la mínima). Es decir que se denunció un hecho gravísimo y los telefonistas lo consideraron como si fuera un hecho menor.
El jefe del CEO
La juez Ramón pidió que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública por parte de seis policías de alto rango, entre otros pedidos. En la lista aparece el comisario Darío Irrutia, jefe del CEO y quien estaba a cargo cuando se produjo el más grande accidente ocurrido en rutas mendocinas ese 7 de febrero.
Irrutia ahora se encuentra dentro del grupo de cuatro comisarios generales que fueron pasados a situación “pasiva” y denunciados en la Justicia provincial. Él está en la mira por certificar el título del ingeniero en Sistemas trucho que trabajó en el sistema informático de la Dirección de Inteligencia Criminal.
El “informático” tuvo acceso a información de todos los agentes de inteligencia y de la Policía. Incluso en aquella publicación se indicaba que no había registro de sus tareas en Inteligencia Criminal y que se sospechaba que era un agente de contra inteligencia o un informante pago.