San Luis (LaNoticia) 06-04-16. La intención de la corpo judicial de no investigar a los miembros del poder político de San Luis no les va a resultar gratis.
Como era de esperar, el juez Cadelago Filippi no hizo lugar a lo peticionado por el defensor de Diego Lorenzetti, Carlos Salomón, de realizar un allanamiento en el domicilio de Alberto Leyes, en busca de celulares, armas y otros elementos que pudieren aportar pruebas al expediente que investiga (¿?) el asesinato de Romina Aguilar.
Ante esto, Salomón pidió -con habilitación de día y hora- la revocatoria a esa resolución de Cadelago sosteniendo lo expresado por el artículo 16 de la Constitución provincial sobre que “…Todos los habitantes tiene idéntica dignidad Social y son iguales ante la Ley…”, por lo que “ciertamente resulta contrario al espíritu y letra de nuestra Carta Magna Provincial que se omita investigar a una persona que ha sido mencionado por un testigo como involucrado prima-facie en los hechos investigados en autos, esto es en relación al Sr. ALBERTO LEYES”, dice el penalista en el escrito.
Salomón se basa en lo expresado en sede judicial por el taxista, quien aseguró que al intentar contratarlo como chofer, tanto el brasilero De Oliveira como el “Bocón” Vilchez le habrían dicho que si algo resultaba mal debían echarle la culpa “al intendente de La Calera” Diego Lorenzetti, y que quien “ponía la plata” era el ex senador Alberto Leyes.
“Evidentemente, la posición del Sr. Magistrado y del Agente Fiscal actuante exterioriza un claro incumplimiento de las obligaciones propias de su cargo que consiste en beneficiar al Sr. ALBERTO LEYES al no ordenar y/o efectivizar ninguna medida de prueba con la exclusiva finalidad de establecer si surge o no prueba en su contra, por ejemplo de sus teléfonos celulares” dice el penalista.
Para Salomón no existen excusas para no ordenar el secuestro del teléfono personal de Leyes, “más allá de que sea `higiénicamente presentado´”, señala con ironía respecto de que existe la posibilidad de que se haya borrado del mismo todo dato que pudiere comprometer a Leyes.
Con dureza le achaca a Cadelago Filippi que esté investigando al taxista al ordenar que se someta a pericia su teléfono, mientras el de Leyes goza de absoluta impunidad para la corpo judicial que Cadelago Filippi integra.
Con no menos dureza, le dice al juez que “sus argumentaciones sobre la inviolabilidad del domicilio para justificar la denegación del allanamiento de morada peticionado por esta Defensa, citando normativa Constitucional e inclusive Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta a todas luces, una provocación para una comunidad, pues pretende erigirse en un Juez supuestamente garantista cuando en realidad está evitando la realización de una investigación para establecer quien fue -si lo hubo- el autor intelectual del homicidio de ROMINA AGUILAR”, agregando que “sus aparentes motivaciones en ese contexto suponen un desprecio inmotivado hacia a nuestra comunidad, que espera expectante que la Justicia demuestre su Independencia de los demás poderes, actuando conforme al Principio de la Imparcialidad y que se procura hacer Justicia en la causa que nos ocupa”.
Apuntando los cañones al papelón del defensor de Leyes, Hugo Scarso, le pregunta “si no es creíble la versión del taxista, que sin duda alguna involucra a ALBERTO LEYES, ¿Porque no salió de la audiencia con las manos atrás? como lo asevero mediáticamente su abogado defensor. ¿Por qué necesita ALBERTO LEYES un abogado defensor en esta situación?”.
Cadelago Filippi en obvia intención de no investigar a Leyes, señaló que primero se debe constatar los dichos del taxista con una pericia a su celular, lo que para Salomón la actitud del juez “es de Terror”, porque significa que “hasta que no se realicen las pericias del teléfono del testigo -que demora meses- no se va a investigar ni siquiera el teléfono del Sr. LEYES. Pero aclaro que esta persona (por Leyes) tiene defensor particular e inclusive la colaboración del Agente Fiscal, que antes que compareciera el testigo taxista, ya afirmaba que dudaba de su veracidad”.
Sobre que Cadelago Filippi pone como excusa para no investigar a Leyes que “el taxista no lo involucra”, y que esta actitud del juez es intentar tomar por imbéciles a todos los sanluiseños, como si hiciera falta le `refresca´ que “resulta obvio, que la Titular del Juzgado de Instrucción N° 3 de esta ciudad, se excusó de seguir entendiendo en la causa porque debía investigar a ALBERTO LEYES, lo que fue consentido por el Juez de la causa, que ahora por razones que oficialmente se desconocen se niega a investigar al nombrado”.
Para finalizar y sin menguar su dureza, Salomón le dice a Cadelago Filippi que “aclaro, que si el Sr. Juez no revoca esta arbitraria e injusta denegación, no solo habrá vulnerado irreparablemente los Derechos y Garantías del Justiciable, sino que impedirá el esclarecimiento del homicidio de ROMINA AGUILAR, responsabilidad indelegable como Juez de la Constitución”.
En contexto
Romina Aguilar fue asesinada alrededor de las 06:40 del sábado 30 de enero, en la puerta de la casa 1 de la manzana 78 del barrio FAECAP, en el norte de la ciudad de San Luis, donde la mujer residía junto a su esposo e hijos.
En momentos en que la mujer acababa de sacar su camioneta Renault Duster para viajar a La Calera, donde cursaba el final de la escuela secundaria a través del programa Plan de Inclusión Educativo (PIE), fue sorprendida por dos jóvenes armados que iban en moto.
Los agresores la tomaron de la ropa, la arrastraron unos diez metros por el suelo, le dispararon dos balazos calibre .45, y escaparon en el mismo rodado en el que llegaron y sin robar nada, por lo que el robo como móvil del asesinato fue descartado de entrada.
Por el hecho, la justicia penal procesó al brasilero De Oliveira por haber confesado su participación luego de entregarse voluntariamente y ser sometido a indagatoria. Como De Oliveira en su indagatoria involucró a Lorenzetti como autor intelectual del hecho, la justicia procesó al intendente de La Calera.
Debido a esto, políticamente la Legislatura provincial suspendió a Lorenzetti en el cargo de intendente de La Calera.
Carlos Rubén Capella
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