La Asociación de Trabajadores del Estado, junto con diferentes organizaciones sociales y políticas de izquierda, denunció en Plaza de Mayo la política sistemática de despidos del gobierno de Mauricio Macri, que en menos de tres meses dejó a más de 21 mil trabajadores en la calle.
Las protestas, desarrolladas con el respaldo de las dos CTA, conducidas por Hugo Yasky y por Pablo Micheli, comenzaron por la mañana temprano en las principales empresas del Estado y en los organismos donde tiene presencia ATE, sumados a distintos cortes de tránsito protagonizados por organizaciones sociales y partidos políticos en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
El paro de ATE, que según fuentes gremiales «ha tenido un muy alto acatamiento», tuvo un cierre con una multitudinaria en Plaza de Mayo, donde -según datos brindados por fuentes policiales- 50.000 personas acompañaron el repudio gremial a los «despidos de trabajadores, al ajuste, la criminalización de la protesta social» y en reclamo de la realización de «paritarias libres».
Desde las 11:00, las columnas de manifestantes se fueron nucleando en la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, mirando a Plaza de Mayo, provocando el corte de 9 de julio en la entrada desde el sur hacia el Obelisco, ante una importante presencia de las fuerzas de seguridad. No obstante, la policía no intervino para aplicar el nuevo protocolo contra las protestas sociales.
Al hacer uso de la palabra, Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de ATE-Nacional, criticó con dureza «las políticas de ajuste, los despidos y la represión a la protesta social aplicadas por este gobierno», e hizo un «fuerte llamado a la unidad de todos los sectores para alcanzar una victoria, parar frenar los despidos, alcanzar su reincorporación y para parar las políticas de (Mauricio) Macri contra los trabajadores y el pueblo».
«Nos despiden en los sectores de la Nación, nos despiden en los municipios y en las provincias; nos estigmatizan a los trabajadores públicos, quieren separar a los trabajadores del Estado del pueblo con el que trabajamos todos los días. Sentimos angustia cuando no podemos lograr incorporar a un compañero despedido y sentimos angustia cuando vemos que tenemos más de 300.000 trabajadores en municipios y en las provincias que cobran sueldos por debajo del salario mínimo vital y móvil», agregó Godoy.
El titular de ATE recordó además que el anterior gobierno «nos dejó 95.000 trabajadores precarizados en el Estado nacional y 600.000 trabajadores precarios en las provincias y en los municipios». «Estamos viviendo una real crisis económica y social en el país, con aumento de la desocupación y la pobreza. Por cada punto de aumento de precios y de inflación significa 30.000 nuevos argentinos que están por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos que pelear juntos, los sindicatos, las organizaciones sociales y políticas para parar estas políticas, para cambiar esta realidad y generar un destino de grandeza para todos los argentinos», denunció.
«Queremos decirle al presidente Macri que no vamos a permitir ningún despido más en ningún organismo público. Decimos con claridad, también, a los gobernadores y a los intendentes, que esta demostración de capacidad de pelea, de unidad de todos los sectores, de solidaridad y organización se va a multiplicar en cada rincón de la Patria si no abren la paritaria, si no terminan con la precariedad laboral, si no logramos aumentos dignos y no logramos la reincorporación de todos los trabajadores despedidos», advirtió Godoy.
Militantes del Movimiento Evita, Barrios de Pie, del Movimiento Político Los Pibes, del partido MILES-FTV, del MST, el MAS, el Movimiento Octubre, el Movimiento Martín Fierro, el Peronismo Militante y de Nuevo Encuentro acompañaron las demandas de los empleados públicos.
También estuvieron presentes varias seccionales de ATE de la provincia de Buenos Aires, como así delegaciones de la Unión Ferroviaria, del Sindicato de Aceiteros, del Neumático, Aeronáuticos, de los hospitales públicos, FOETRA, SADOP y de la UOM.
Por su parte, el secretario general de ATE-Capital Federal, Pablo Catalano, destacó «el grado de unidad en la lucha» representado por «la presencia de los compañeros Hugo Yasky y Pablo Micheli». Finalmente, Catalano advirtió que los estatales no aceptarán «ningún techo para las paritarias» ni «el ajuste económico sobre los trabajadores, como no aceptamos los grandes aumentos y los tarifazos en los servicios públicos».
La marcha, que comenzó con una concentración en el Obelisco fue acompañada por manifestantes llegaron a Plaza de Mayo luego de concretar cortes de tránsito en distintos puntos del centro y el microcentro porteños, mientras que la policía se limitó a desviar el tránsito en el debut del protocolo antipiquetes, que no fue implementado por las fuerzas de seguridad.
El titular de ATE, Hugo Godoy, afirmó que el protocolo contra las protestas es «anticonstitucional y lo cuestionamos en su propia legalidad» y volvió a rechazar la convocatoria que tuvieron en los días previos a la marcha a la Secretaría de Seguridad Interior. «Nos debió haber convocado el ministro de Trabajo para resolver los problemas de los trabajadores», criticó.
El sindicalista denunció que en todo el país hubo más de 21 mil trabajadores del Estado despedidos, informó que se lograron reincorporar 5 mil y dijo que «lamentablemente» el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció que «se van a continuar despidiendo trabajadores». «Es como apagar un incendio con nafta. Es una actitud muy provocadora del gobierno y anuncia situaciones de continuidad en las medidas de fuerza», indicó el dirigente gremial.
Pablo Micheli, ex titular de la ATE y secretario general de la CTA Autónoma, reclamó también «la derogación de la Ley Antiterrorista» y mejores salarios y condiciones laborales, en tanto el jefe de la otra central, el docente Hugo Yasky, aseguró que su sector respaldará en «la calle el paro general de los estatales», y advirtió que si el gobierno nacional no revierte las medidas «el conflicto se profundizará».
Otra de las consignas del primer paro contra el gobierno del presidente Mauricio Macri fue el rechazo unánime a «la criminalización de la protesta social».