El paquete que Tusk presentó ante Cameron incluye un «freno de emergencia» que permitiría al Reino Unido restringir determinadas prestaciones sociales para inmigrantes provenientes de otros países de la UE.
La Unión Europea (UE) presentó ayer un paquete de reformas para evitar que el Reino Unido abandone el bloque regional, lo que fue bien recibido por el primer ministro británico, David Cameron, quien aseguró que si Londres no fuera miembro de la UE, no dudaría en respaldar su adhesión.
La propuesta presentada por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, hace eje en los cuatro reclamos principales de Londres: mercado único, inmigración de los ciudadanos europeos, competitividad e integración económica y política.
La iniciativa, que será discutida en Bruselas los próximos 18 y 19 de febrero, se concretó luego de meses de reuniones y contactos entre Tusk, Cameron y los demás mandatarios europeos, que buscan ofrecer a Londres una alternativa que lo aliente a dejar de lado sus planes de abandonar la UE.
«En mi opinión (la propuesta) va realmente lejos a la hora de hacer frente a todas las preocupaciones presentadas por Cameron», aseguró Tusk en una carta enviada a los líderes europeos, en la que aclara que la iniciativa mantiene «los principios en los que se basa el proyecto europeo».
Tusk, al frente del Ejecutivo comunitario desde diciembre de 2014, señaló que mantener la unidad del bloque es el objetivo clave de su mandato y es «el mayor reto para todos», y por eso planteó renegociar con Londres las condiciones para evitar el «brexit», es decir la salida del Reino Unido del bloque comunitario.
Cameron opinó que el borrador presentado por Tusk es «lo mejor de ambos mundos», pues le brinda acceso al mercado único, pero puede mantenerse fuera del Euro; y le da voz en el Consejo Europeo a la vez que le permite no adherirse al espacio de libre circulación de Schengen.
En un discurso pronunciado en una fábrica de Chippenham, en el suroeste de Inglaterra, el líder tory opinó que el documento es una propuesta «por la que vale la pena luchar» y señaló que si su país no fuera ya miembro de la UE, bajo esas condiciones, «con seguridad respaldaría» su adhesión al bloque comunitario.
Cameron, quien pretende que los británicos decidan en un referéndum la permanencia en el bloque antes de fin de este año, opinó que aunque la propuesta sea un «un cambio sustancial» en la posición de la UE, «aún queda mucho trabajo por hacer» antes de conseguir un acuerdo final.
El punto que más revuelo genera es el vinculado a los beneficios sociales de los trabajadores comunitarios que residan en el Reino Unido: la propuesta es «restringir el acceso» a dichos beneficios «hasta el punto que sea necesario».
Esto significa que los ciudadanos comunitarios que ingresen al mercado laboral lo harán exentos de los beneficios sociales, los cuales se irán incorporando gradualmente en un período de cuatro años, tal como lo había pedido Londres.
El enfoque de la propuesta, así como la duración exacta de la aplicación del mecanismo aún deben ser discutidos entre los líderes de la UE, que a partir del próximo viernes comenzarán a debatir los detalles de cada medida.
En la carta enviada a los líderes europeos, Tusk recuerda que la legislación comunitaria establece la libertad de movimiento entre los ciudadanos, aunque subraya que ese derecho puede estar sujeto a limitaciones en caso de que, por ejemplo, se ejerza una excesiva presión sobre los sistemas sociales de un país.
Por ello, explica, la Comisión Europea va a proponer cambios en la legislación comunitaria para incluir un mecanismo de salvaguardia con el que responder a situaciones excepcionales de entrada de trabajadores procedentes de otros Estados miembros.
Para activar ese mecanismo, Londres debería demostrar que sus servicios públicos, como escuelas y hospitales, sufren una carga imposible de asumir por el aumento de la inmigración.
Con respecto a la economía, incluye un mecanismo para los Estados miembros que no pertenecen al Euro, como el Reino Unido, aunque sin darles derecho a veto ni permitirles retrasar las decisiones urgentes.
En lo referente a soberanía nacional, propone dar más voz a los parlamentos nacionales a través de la creación de una «tarjeta roja» que podrán usar en contra de alguna propuesta legislativa de la CE con la que estén en desacuerdo.
Sin embargo, para usarla será necesario tener el 55 % de los votos asignados a los parlamentos nacionales y en un plazo de 12 semanas.
La propuesta de ayer inicia el proceso de negociación de los Veintiocho con el objetivo de llegar a un acuerdo en el Consejo Europeo de los próximos 18 y 19 de febrero.
