El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, convocó oficialmente las elecciones generales de España del 20 de diciembre e hizo un balance triunfalista de su gestión tras cuatro años de duras recetas neoliberales que sacaron al país de la recesión con el costo de la pérdida de derechos sociales, políticos y laborales.
«En esta legislatura España ha cambiado de cara: hemos pasado de la recesión a liderar el crecimiento entre los países del euro», dijo Rajoy en una conferencia de prensa en el palacio de La Moncloa, la sede del Ejecutivo, luego de firmar el decreto de convocatoria de los comicios generales y de disolución del parlamento.
El decreto se publicará hoy en el Boletín Oficial del Estado y a partir de entonces el Ejecutivo del Partido Popular (PP) de Rajoy estará «en funciones» hasta que asuma el nuevo gobierno que salga de las urnas.
Las últimas encuestas apuntan a que el PP, con Rajoy como candidato a la reelección, ganaría las elecciones pero sin la mayoría necesaria para gobernar en solitario, mientras el opositor Partido Socialista (PSOE), de Pedro Sánchez, sería la segunda fuerza.
El partido de centro derecha Ciudadanos, del catalán Albert Rivera, figura como tercera fuerza y se perfila como decisivo para los pactos post electorales por delante de la fuerza anti austeridad Podemos, liderada por Pablo Iglesias, que comenzó el año amenazando la hegemonía bipartidista pero perdió impulso tras las comicios regionales de marzo en Andalucía y septiembre en Cataluña.
Con este panorama de fragmentación, los partidos se verán abocados a alcanzar pactos después de las elecciones, aunque Rajoy tiene claro que sólo podrá gobernar si su partido es la fuerza más votada.
«Si no soy primera fuerza política no voy a intentar ser presidente del gobierno porque yo voy a respetar lo que digan los ciudadanos», manifestó.
«Lo mejor para el futuro de España es que siga gobernando el PP», insistió el dirigente conservador, quien durante su intervención inicial desgranó los datos macroeconómicos de su país, al que sometió a ajustes y reformas estructurales como la del mercado laboral, que abarató el despido, con la consecuente pérdida de derechos para los trabajadores.
Dos años después de salir oficialmente de la recesión a finales de 2013, España aún cuenta con 4,8 millones de desocupados (21,18 %), una cifra similar a la de fines de 2001, cuando el líder conservador llegó al poder, según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA).
Además, el gobierno del PP aprobó medidas como la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como «ley mordaza», pensada para reprimir la protesta social al limitar el derecho de manifestación y la libertad de expresión, una norma denunciada por la oposición y organizaciones no gubernamentales.
«Hoy España puede sentirse orgullosa porque ha podido superar la peor crisis sin dejar a nadie en el camino», aseguró el presidente del gobierno, sin mencionar tampoco que un 42 % del total de desocupados no cuentan con ningún tipo de ayuda, de acuerdo con un reciente informe de la central Comisiones Obreras (CCOO).
«Hemos pasado de la destrucción de 1.430 empleos diarios en 2011 a la creación de 1.492 empleos al día», remarcó Rajoy, al tiempo que reiteró que 2015 va a ser el año que «más empleo se va a crear en la historia».
«España es un país que inspira hoy confianza dentro y fuera de nuestras fronteras», apuntó.
Sin hacer ninguna autocrítica, Rajoy sostuvo que su principal acierto fue haber «evitado un rescate» de España al adoptar muchas medidas «impopulares» -exigidas por los mercados y los organismos internacionales- pero reiteró que eran «necesarias».
Asimismo, señaló que las mayores dificultades de su gobierno han sido el desafío secesionista de Cataluña y la corrupción, pero en ambos casos reivindicó su gestión.
Respecto a la corrupción, sostuvo que su gobierno aprobó «una batería de medidas» que «sentaron las bases para que los corruptos devuelvan lo que robaron».
Sin embargo, no hizo ninguna alusión a las graves causas abiertas contra altos dirigente del PP como la trama Gürtel, Púnica o la Contabilidad B con la que se financiaban los conservadores y que sirvió -según el ex tesorero del PP Luis Bárcenas- para que él presuntamente cobrara un sueldo en negro.
Finalmente, en cuanto a las aspiraciones independentistas de Cataluña, que rechaza de plano, sostuvo que «siempre» estuvo abierto a dialogar con el presidente catalán, Artur Mas.
Sin embargo, reiteró que no puede «hablar de liquidar la soberanía nacional», en alusión a la posibilidad -ya remota- de que la norteña región celebre un referéndum, lo que podría frenar el proceso de secesión que pretenden iniciar los partidarios de la independencia vencedores de los pasados comicios del 27 de septiembre.