San Luis (LaNoticia) 21-10-15. Todos los seres humanos, estamos asistidos de los Derechos Humanos básicos, en cualquier situación, aún en condiciones de detención o de encierro; aun en circunstancias de haber cometido delitos.
Este concepto, a más de treinta años de la recuperación de la Democracia, no se ha instalado aún en las fuerzas de seguridad. Entonces es cuando aparece la Violencia Institucional.
En un sentido amplio, el concepto de «violencia» denota el uso de una fuerza, no necesariamente física, por parte de alguien contra otro, que puede desarrollarse de un modo abierto u velado. Es decir, la violencia se encuentra vinculada con la posibilidad de coaccionar contra otro, especialmente cuando se posee un cierto poder.
La «violencia institucional» significa un tipo de violencia que se encuentra en instituciones formales del Estado, por esa razón se hallaría cubierta de un manto de «legitimidad». Así definida, la misma es fácilmente detectada en las instituciones que gozan del monopolio del uso de la fuerza y de la posibilidad de imponer y presionar directamente en nombre de un supuesto ordenamiento legal.
Por lo tanto la violencia institucional aparece articulada directamente con fenómenos como el de gatillo fácil, políticas de mano dura o de tolerancia 0, abusos físicos en manos de las fuerzas policiales o penitenciarias.
Toda violencia ejercida por el Estado es Política, porque responde a una ideología y un proyecto político. El ejercicio de la violencia política por parte del Estado adquiere una dimensión peligrosa en un sistema democrático porque se ejerce en contra de las personas privadas de su libertad y que se materializa en apremios ilegales, torturas, homicidios y otras aberraciones.
Luego de tres décadas de continuidad democrática, las fuerzas de seguridad en muchas provincias, como la nuestra, continúan rigiéndose por las mismas normas y promoviendo los mismos métodos violatorios, ejercidos durante las dictaduras cívico militares.
Es hora de profundizar y avanzar en la implementación de legislaciones y prácticas, verdaderamente democráticas, que comprendan que siempre, en todas las situaciones, los contextos y las circunstancias se deben respetar la promoción y la garantía de los Derechos fundamentales.
