Así lo decidió la Comisión Parlamentaria que investiga el caso de corrupción de la petrolera brasileña. La Justicia sigue con la investigación.
La Comisión Parlamentaria de Brasil que investiga el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, exculpó este lunes a la presidenta, Dilma Rousseff, y a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y responsabilizó a un conjunto de constructoras por una maniobra fraudulenta.
El vocero de la comisión, el diputado Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, del Partido de los Trabajadores (PT), sostuvo en su informe final que «no hay cualquier prueba» contra Rousseff o contra Lula en los documentos que manejó el grupo legislativo.
El informe, que fue leído por Nóbrega, también exculpa del escándalo a los ex presidentes de Petrobras Graça Foster y José Sérgio Gabrielli y manifiesta que la petrolera fue «víctima de un cartel» formado por constructoras «con la complicidad de algunos malos funcionarios».
Según la Policía Federal, que también investiga el caso, las constructoras obtenían contratos fraudulentos con Petrobras, inflaban sus valores y repartían las diferencias entre los directores de la firma estatal y los políticos que facilitaban las corruptelas.
Además, la comisión se refirió a la condena a 15 años de prisión que recibió el ex tesorero del PT, João Vaccari, acusado de cobrar sobornos en nombre del partido con fondos desviados de la petrolera, y sostuvo que las investigaciones fueron «superficiales» y las conclusiones de los investigadores, «exageradas».
Asimismo el informe consideró que los delitos cometidos en el caso Petrobras tuvieron «motivaciones de naturaleza personal», con lo que exculpa de responsabilidad a los partidos políticos y las decenas de empresas implicadas por la justicia.
Investigación judicial y protestas
Los trabajos de la comisión se iniciaron el pasado febrero y concluyeron oficialmente este lunes, pero la investigación sigue por una corte de Curitiba, capital del estado de Paraná (sur) y por el Tribunal Supremo, órgano que asumió las acusaciones contra los políticos sospechados.
En tanto, varios movimientos opositores salieron a las calles de seis ciudades para pedirle al Congreso que acepte abrir un juicio político con fines de destitución contra la presidenta Rousseff.
Sin embargo, las marchas convocadas por el movimiento Vem Pra Rua (ven a la calle) en seis ciudades, no tuvieron la adhesión de protestas pasadas y la más nutrida congregó a unas 600 personas en el centro de Sao Paulo.