La presentación de un nuevo pedido para la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la presidenta brasileña retensó la situación luego de un breve impasse que había logrado el gobierno cuando la Corte suspendió por una cautelar una iniciativa para iniciar el impeachment.
Un grupo de conocidos juristas, entre ellos Helio Bicudo, uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) alejado de la fuerza hace años, presentó en una notaría de San Pablo la nueva acción, que será oficializada hoy viernes, en la Cámara de Diputados.
El nuevo pedido se suma a otros dos ya presentados, que se fundamentan en las maniobras fiscales que se adjudican al Ejecutivo en 2014 con el fin de maquillar sus balances, pero añade un informe de un fiscal del Tribunal de Cuentas que señala que esas irregularidades también fueron cometidas en los primeros meses de 2015.
Con esa nueva acción, los juristas quieren adelantarse a un posible pronunciamiento del Tribunal Supremo (TSF, Corte) tras una acción del PT, la cual argumenta que una «falta administrativa» cometida el año pasado, en el mandato anterior de Rousseff, no puede esgrimirse para juzgar su actual gestión, que comenzó el 1 de enero.
Por ello, los juristas incluyeron en el nuevo pedido el informe que dice que las maniobras fiscales de 2014 se mantuvieron en los primeros meses de este año. Miguel Reale, uno de los firmantes del documento subrayó que el nuevo pedido supone una «reorganización» de las acciones presentadas anteriormente y demuestra que los «hechos son graves».
Hasta ahora, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, rechazó once pedidos para procesar a Rousseff, porque carecían de las razones jurídicas exigidas por la Constitución, pero los juristas creen que la nueva acción sí las reúne. «La expectativa es que la nueva acción sea acogida», afirmó Bicudo.
La decisión de aceptar o no el pedido para el inicio de un juicio político contra la jefa de Estado está en manos de Cunha, quien a pesar de formar parte del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se ha pasado, de manera personal, a la oposición.
En paralelo a este proceso, Cunha es investigado por el caso Petrobras, por lo que un grupo de 49 diputados presentó una moción ante el Consejo de Ética del Congreso con el objetivo de despojarlo de su escaño.
En este marco, versiones de prensa especulaban con un acercamiento entre Cunha y el gobierno con intercambio de favores -él rechazaría el pedido de juicio contra Rousseff y el PT le aseguraría su escaño-, pero él mismo negó esas conjeturas en forma tajante. «Sólo me cabe desmentir. No hice acuerdos ni con el gobierno ni con la oposición», resaltó Cunha.
Por su lado, Lula da Silva, fundador del PT quién además prestó declaración de manera voluntaria ante la Fiscalía, que lo investiga por supuesto tráfico de influencias a favor de una importante constructora después de concluir su mandato, arribó a Brasilia donde mantenía una ronda de conversaciones con dirigentes del aliado PMDB con el propósito de recuperar la gobernabilidad.
Si bien el jefe de Diputados es parte del PMDB, en julio se acercó a la oposición junto a otras fuerzas adversarias a Rousseff, como el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), espacio encabezado por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y Aécio Neves, ex candidato presidencial en 2014.
Cunha y sus aliados del PSDB sufrieron un traspié el martes cuando el STF emitió la medida cautelar que impidió la votación del inicio del impechment en la Cámara baja.
Según medios locales, frente al escollo de la Corte y la amenaza de destitución de Cunha los canales de comunicación entre el gobierno y el jefe de Diputados comenzaron a ser reconstruidos días atrás por medio del propio ministro de la Casa Civil, Jaques Wagner, quien asumió el cargo hace sólo 10 días.
Luego de que la Corte suspendiera el martes pasado el pedido de juicio político surgieron divisiones dentro del frente pro impeachment marcadas por el enfrentamiento entre los socialdemócratas, inclinados a tomar distancia de Cunha, con los partidos Solidaridad y Demócratas, que prefieren mantener el apoyo al aún influyente jefe de la Cámara baja.
Los problemas de esa coalición pro impeachment comenzaron a observarse el sábado cuando varios congresistas publicaron una nota contra Cunha en la que se le pidió que renuncie a la Cámara baja.
En este marco, movimientos civiles a favor de la destitución de Rousseff anunciaron que comenzarán una serie de movilizaciones para presionar a favor de la apertura del juicio político. De acuerdo con Carla Zambelli, vocera del uno de los movimientos, si Cunha rechaza alguna de las acciones interpuestas, será el próximo «en ser atacado».