Un nuevo intento de apuñalamiento y la muerte del supuesto agresor recalentaron la tensión israelí-palestina, un día después de la más sangrienta jornada de los últimos meses, mientras la Policía empezó a cerrar áreas palestinas conflictivas en Jerusalén y el gabinete de seguridad autorizó enviar soldados a centros urbanos y carreteras para reforzar a los policías.
El ataque se registró en la Puerta de Damasco de Jerusalén Este y de acuerdo a la Policía, en momentos en que un efectivo se aproximó al agresor -que vestía un pantalón de camuflaje y había despertado las sospechas de varios agentes- para solicitar su identificación.
«A su llegada sacó un cuchillo y se abalanzó contra los agentes con la intención de apuñalarlos y un policía le disparó», precisó un portavoz policial.
Aún herido, el hombre corrió «hacia otro grupo de policías en la Puerta de Damasco blandiendo el cuchillo en la mano». Los agentes le dispararon de nuevo y lo mataron, añadió la misma fuente.
En medio de la escalada, el Gobierno israelí decidió varias medidas en barrios de Jerusalén Este, que Israel ocupa desde 1967, entre las que se cuentan «cerrar» las poblaciones palestinas, destruir las casas de «terroristas» sin permitir que puedan ser reconstruidas y la revocación de la residencia y otros derechos básicos de los que disfrutan allí por su estatus de residentes.
El gabinete de seguridad decidió, asimismo, aumentar las fuerzas operativas de la policía y contratar a 300 guardias de seguridad para el transporte público en Jerusalén.
Las medidas, decididas tras una maratónica reunión de los diez integrantes del gabinete israelí, fueron luego propuestas al Parlamento (Knesset) por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para tratar de detener la ola de violencia, informaron medios israelíes.
Casi inmediatamente, la organización internacional de defensa de los derechos Human Rights Watch (HRW) condenó las decisiones del Gobierno israelí de «cerrar» o «rodear» barrios palestinos de Jerusalén Este, argumentando que afectará a la libertad de movimiento de toda su población sin resolver un problema específico.
«Cerrar los barrios de Jerusalén Este violará la libertad de movimiento de todos los palestinos residentes sin ser una respuesta adecuada a una preocupación específica», dijo la directora para la zona de la organización, Sari Bashi, en un comunicado.
Estas medidas habían sido, en cierto modo, anticipadas por Netanyahu durante una sesión especial del Parlamento, por lo que el portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Xavier Abu Eid, había advertido que se trataba de «un efecto más de la ocupación israelí sobre Palestina».
«Hay quienes tendieron a señalar que hay una diferencia entre la ocupación de Jerusalén y el resto de Palestina, pero lo que está sucediendo en este momento, con un alcalde que se pasea armado como un `sheriff´ en Jerusalén Este, es una demostración de que la ocupación allí es lo mismo que la del resto de Palestina», denunció Eid.
Por su parte, el diputado palestino Mustafa Barghuti aseguró que los jóvenes que están impulsando esta oleada de protestas y ataques contra israelíes «han crecido en el desencanto» y «nadie cree ya hoy en día» en los Acuerdos de Oslo, suscritos en 1993 entre Israel y la OLP.
En parecidos términos se manifestó el secretario general de la OLP y todavía negociador jefe palestino, Saeb Erekat, quien manifestó en la ciudad cisjordana de Ramallah que «las políticas mantenidas por Israel han acabado con la esperanza».
La ola de violencia que sacude hace dos semanas a Israel y la ocupada Palestina alcanzó un pico con la muerte de tres israelíes en dos ataques dentro de Jerusalén, mientras que dos de los agresores murieron baleados por fuerzas de seguridad.
Desde que comenzó esta nueva escalada violenta, el premier israelí aprobó el uso de balas de fuego para responder a los palestinos que lancen piedras o se enfrenten a las fuerzas de seguridad israelíes, dentro del país y en los territorios ocupados, además de ordenar demoler las casas de aquellos que ataquen a israelíes.
Israel anexó Jerusalén Este en 1980 -en violación de la legislación internacional- y los palestinos que viven allí desde hace siglos no son ciudadanos, sino que tienen un permiso de residencia que les permite circular dentro del territorio nacional y votar solamente en las elecciones municipales de esa ciudad.
Desde hace dos semanas, los ataques de palestinos con armas blancas contra fuerzas de seguridad, colonos y religiosos israelíes, la represión de Tel Aviv contra protestas en la Palestina ocupada pero también dentro de Israel, y repetidos ataques de colonos judíos provocaron 30 palestinos y siete israelíes muertos, y más de un millar de palestinos y unos 40 israelíes heridos.
La escalada de violencia ha crecido tanto que los temores de un recrudecimiento del conflicto armado ya superaron las fronteras y llegaron a Washington.
En una conferencia de prensa ofrecida en la víspera, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, aseguró que no asignará culpas «a la distancia», pero advirtió que «este ciclo de violencia daña el futuro de todos».
Paralelamente, el gobierno israelí decidió que a partir de ahora no entregará a las familias los cadáveres de atacantes palestinos muertos por disparos de las fuerzas de seguridad, para que los entierros no se conviertan en manifestaciones que alienten a la violencia.
«La familia del terrorista convierte su funeral en una manifestación de apoyo al terrorismo e incitación al asesinato y no debemos tolerarlo», adujo el ministro de Seguridad Interna israelí, Guilad Erdan, en un comunicado difundido ayer.
«Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el terrorista no reciba honores y ceremonias después de haber cometido un atentado», comentó sobre algunos de los recientes funerales palestinos, en los que el atacante adopta la condición de «shahid» (mártir) y es homenajeado.
Según la decisión, los atacantes serán enterrados en Israel por las autoridades, para lo que se estudia la reutilización de viejos cementerios militares que hay desde hace años para casos similares.