Salvador Cienfuegos rechazó tajantemente y por primera vez en una entrevista televisiva que el ejército mexicano esté involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace más de un año.
El ministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, rechazó tajantemente y por primera vez en una entrevista televisiva que el Ejército esté involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace más de un año y reiteró su negativa para que expertos de la CIDH interroguen a militares y que familiares de las víctimas ingresen a cuarteles.
Mientras, las autoridades ofrecieron una recompensa de unos 150 mil dólares por información para detener al ex jefe de policía de la ciudad de Iguala y a otras cuatro personas, involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes y prófugas desde hace un año.
Cienfuegos rompió el silencio por primera vez sobre los hechos de Iguala, en el que familiares y organismos de derechos humanos involucraron a las Fuerzas Armadas. La desaparición de los estudiantes reveló una crisis humanitaria en México y detonó una fuerte crisis política y social, en especial en el gobierno.
El ministro señaló que el Ejército «no podía saber» que la trágica noche del 26 de septiembre del 2014 «podía haber una masacre».
Miembros del cuartel instalado en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, donde ocurrió la desaparición y probable muerte de los estudiantes, preguntaron al secretario de Seguridad del municipio, Felipe Flores, prófugo de la justicia hasta hoy, qué estaba pasando y éste les dijo que no sucedía «nada», explicó Cienfuegos para deslindar responsabilidades.
Los militares no recibieron ningún reporte de disparos «por lo que no hubo acción ni omisión por parte del Ejército», recalcó el ministro, al indicar que «no hay razón» para que los padres de los desaparecidos «ingresen a los cuarteles».
Al referirse a su firme rechazo para que el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que asiste en la investigación interrogue a los soldados asignados a Iguala, Cienfuegos afirmó que la ley sólo permite que las personas declaren ante la fiscalía o un juez.
Por otro lado, según se publicó en el Diario Oficial del país, hay recompensas de 150 mil dólares por información para detener al ex jefe de Policía de la ciudad de Iguala y a otras cuatro personas.
La lista de recompensas, publicada con la firma de la procuradora general Arely Gómez, está encabezada por Felipe Flores, con la recompensa mayor a cambio de «información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente» a ubicarlo o arrestarlo.
Todos son señalados como «probables responsables de los delitos de delincuencia organizada y los que resulten, en agravio de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa», en el estado sureño de Guerrero. Los estudiantes de la escuela de formación de maestros «Raúl Isidro Burgos» desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, 200 kilómetros al sur del DF, después de ser perseguidos y secuestrados por policías coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Un año después, con 111 detenidos, no están claros los móviles del ataque, que dejó, además seis personas muertas, tres de ellos estudiantes.
Los restos calcinados de uno de los 43 fueron identificados con certeza mediante pruebas de ADN en un laboratorio de Innsbruck, Austria, mientras que otro de los jóvenes fue identificado con un nivel más bajo de certidumbre.
Flores es señalado como una pieza clave en el ataque a los estudiantes. Por los demás se ofrecen recompensas individuales de unos 90 mil dólares. Entre los buscados figura José Ángel Casarrubias Salgado, presuntamente familiar de Sidronio Casarrubias Salgado, máximo líder de Guerreros Unidos, ya detenido.