Días atrás se realizó el acto de entrega de los certificados de un curso organizado por el Programa Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Provincia.
En ese momento y ante un crecido número de directivos y docentes de escuelas públicas y privadas habló el Ministro de Educación Dr. Marcelo Sosa, quien según la Agencia Provincial de Noticias, expresó entre otros conceptos lo siguiente:
“Cabe recordar que estamos en un estado de derecho donde las leyes están para ser cumplidas…”.
Pero el Sr. Ministro Dr. Sosa debió decir esos conceptos mirándose al espejo, dirigiéndose a sí mismo y a todo el gobierno que integra tan acostumbrado a incumplir leyes y constitución.
Caso 1
El Gobierno de San Luis incumple con el Art. 28 de la ley 26.206, en cuanto a la jornada extendida o completa en la educación primara.
La cuestión es más grave porque a la fecha ninguna de las provincias ha dado cumplimiento a esta normativa ni a los acuerdos fijados en el Consejo Federal de Educación integrado por todas las provincias.
El gobierno de San Luis del que Sosa es ministro desde el anterior gobierno de Alberto Rodríguez Saá está lejos de dar cumplimiento a esa ley y sus reglamentaciones. Por cierto que así ocurre en el mayor de los silencios.
Caso 2
La ley XV – 0387-2004 – ESTATUTO DOCENTE también viene siendo incumplida por el Gobierno Provincial, así como su decreto reglamentario 4.521-04.
Por el Art 10 bis de esta ley se crean los CTAAP o Centros Técnicos de Apoyo el Aprendizaje (antes Gabinetes Psicopedagógicos) a razón de uno por cada región educativa. Estos CTAAP deben estar integrados por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos y asistentes sociales; el decreto reglamentario agrega además, profesores especiales.
Además de ser la fijada por ley una dotación de profesionales escasa e insuficiente, sólo el CTAAP para la Región I ha estado integrado siempre con todo su personal. En las restantes regiones la situación oscila entre escasa y nula integración. El incumplimiento de esta ley ocasiona una categórica violación de los derechos propios de los habitantes de esas regiones, en especial a los alumnos.
Caso 3
También el Estatuto del Docente es usualmente pisoteado en cuanto a régimen de concursos, designaciones, categorización de escuelas, reconocimiento gremial, etc.
El manoseo de esta normativa se va coronando de a poco con la participación elevada que se le da a la Universidad de La Punta, que se está convirtiendo en un Ministerio de Educación paralelo.
Caso 4
Hablando de la Universidad de La Punta, a la que ahora dirige provisoriamente el mismo Ministro Sosa, veamos qué pasa allí.
Está dicho y sabido que al no haber solicitado el reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación no integra el Sistema Universitario Nacional. Al punto que el ex gobernador y actual candidato a renovar ese cargo Dr. Alberto Rodríguez Saá ha expresado en sus columnas periodísticas que la ULP tiene el orgullo de ser la única universidad del país que no está reconocida por la Nación. Lo que no dice es cómo se solucionarán los problemas que puedan tener sus egresados cuyas carreras no están reconocidas y validadas nacionalmente.
Además la ley que creó esta universidad (Ley II – 0034- 2004 TO) en su artículo 3 b) y c) ordena un órgano colegiado de Gobierno Superior integrado por docentes, estudiantes y graduados.
Esto no se ha cumplido nunca y el Dr Sosa que viene siendo Ministro de hace varios años no ha mostrado interés alguno en hacer cumplir la ley. ¿Lo hará ahora que también es rector de la ULP?
Caso 5
La flamante Universidad Provincial de Oficios Eva Perón incluye en su oferta educativa una carrera de Ingeniería en Mantenimiento, de la que no se discute su necesidad y conveniencia.
Pero la legislación nacional incluye a todas las ingenierías entre las profesiones reguladas por el Estado en salvaguarda de la salud, seguridad, derechos, etc de los argentinos. Esa regulación estatal se concreta por la acreditación de la carrera para lo cual la universidad que la dicta debe a su vez, estar reconocida por el Ministerio nacional, cumpliendo múltiples requisitos.
La Universidad de Oficios no ha solicitado su reconocimiento ni tampoco por lógica consecuencia, la acreditación de esta ingeniería.
Tanto el ministro Sosa como el Gobernador Poggi no pueden ignorar estas normativas, y al actuar de modo irresponsable están creando falsas expectativas en aquellos que confían en la oferta educativa de esta universidad.
No se trata de decir que se cumple, hay que cumplir.
No basta con cumplir unas pocas leyes y alardear de ello. Para vivir en democracia y dentro de la ley, se deben cumplir todas, empezando por cierto, con la misma Constitución. Cuestión que este gobierno provincial y este Ministro no hacen.
Todo lo expresado vale para pedirle al Sr Ministro de Educación Dr. Sosa que tenga una mínima cuota de coherencia entre lo que dice y hace y de respeto para con todo el pueblo sanluiseño.
Porque quien dice ante un numeroso auditorio que “estamos en un estado de derecho donde las leyes están para ser cumplidas”, debiera empezar por dar el ejemplo en su propio Ministerio.
Y de paso pedirle a su gobernador que las cumpla en las otras áreas en que la Constitución y las leyes, son letra muerta.
¿O quizás ambos, Gobernador Poggi y Ministro Sosa, deben pedir permiso a los feudales hermanos Rodríguez Saá para cumplir con el marco legal-constitucional?