La Comisión calificó como «muy graves» las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y torturas y denunció la falta de atención por parte de las autoridades. Un juez ordenó procesar a la única persona vinculada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
«Hay situaciones muy graves, nadie cuestiona la gravedad de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de las torturas, de lo que pasa a los periodistas o a defensores de los derechos humanos», dijo a Radio Fórmula el primer vicepresidente del organismo, James Cavallaro.
La CIDH inició una gira de una semana a México para observar sobre el terreno la situación de los derechos humanos, que incluye visitas a los estados de Tabasco, Nuevo León, Coahuila, Veracruz y Guerrero, este último escenario de la desaparición de 43 estudiantes hace un año.
«Estamos en México por las preocupaciones que tenemos sobre la situación y por la invitación del Estado para un monitoreo permanente», explicó Cavallaro.
En el marco de esta gira, que culminará el viernes con la presentación de un informe preliminar, la CIDH tiene previstas reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de la sociedad civil, órganos autónomos y víctimas.
Además de Cavallaro, la delegación está integrada por la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, los comisionados Felipe González, Tracy Robinson y Rosa María Ortiz y el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, entre otros.
Tras las dos reuniones en las que participaron 40 funcionarios federales, Cavallaro afirmó que si bien el gobierno «reconoce» que hay violaciones a los derechos humanos, este debe mejorar la forma de «atender» los casos.
Aunque el vicepresidente de la CIDH valoró positivamente el documento oficial que recibieron con información solicitada en la materia, señaló que faltan datos: «Tiene que haber más trabajo para que haya cifras exactas de desaparición forzada, lo que exige coordinación entre los estados», puso como ejemplo.
Por su lado, Álvarez de Icaza resaltó que las autoridades reiteraron que atenderán las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH para investigar la desaparición de 43 estudiantes hace un año en Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
En un informe presentado a principios de este mes, el GIEI denunció graves irregularidades y desmontó la versión oficial de que los 43 jóvenes, tras ser detenidos por policías corruptos, fueron asesinados y quemados en un basurero.
Precisamente ayer el pleno de la CIDH se reunió con los familiares de los 43 estudiantes, a quienes manifestaron total respaldo a la exigencia de justicia. Los comisionados de la CIDH llegaron a la escuela normal «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, recibidos con aplausos y la banda de guerra de la institución, donde se reunieron en privado con las familias de los jóvenes que desaparecieron el 26 de septiembre del año pasado tras ser atacados por policías aliados con un grupo criminal.
«Hemos escuchado las voces de los padres de familia y se ha registrado todo lo que ellos han querido decir. Nosotros como CIDH compartimos el dolor de los padres de familia y de los mismos estudiantes quienes han sido afectados», declaró la presidenta de la CIDH, Rose Marie Belle Antoine.
De igual manera, dio a conocer que el caso de Ayotzinapa es «uno de los más tristes» en los que ha intervenido, pues a pesar de que los hechos ocurrieron hace un año, la indignación de los padres de familia es la misma por no encontrar respuestas claras por parte de las autoridades. «Estamos aquí para colaborar con las acciones de investigación. Los hechos de Iguala (municipio en el que fueron atacados los jóvenes) deben de ser esclarecidos y se debe llegar a la localización de los estudiantes desaparecidos», sostuvo Belle Antoine.
En paralelo, un juez ordenó el procesamiento de Gildardo López Astudillo, alias «El Gil», por el delito de delincuencia organizada al estar vinculado como autor material con la desaparición de los 43 estudiantes.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indicó en un comunicado que Raúl Valerio Ramírez, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
López, presunto miembro del cártel de Guerreros Unidos, ingresó el pasado 18 de septiembre al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, central Estado de México.
Las fuerzas de seguridad lo detuvieron el 16 de septiembre en la ciudad de Taxco, en el estado de Guerrero.
El sujeto actuaba como presunto jefe de un grupo dedicado a la extorsión y a la distribución de droga, especialmente en los municipios de Iguala y Cocula, ambos en Guerrero.
