San Luis (LaNoticia) 23-09-15. El derecho a la educación, más específicamente, el derecho de aprender, en nuestro país, está garantizado por la Constitución Nacional de 1853, en su artículo 14 y ampliado por los artículos 41 y 42. Además, esta obligación se reafirma por las Convenciones y Tratados Internacionales, incorporados en la enmienda constitucional del año 1994.
De igual manera, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 del año 2006, norma integral que en materia educativa, responsabiliza al Estado como principal garante del pleno ejercicio para todos y todas, en la Argentina. Vale decir son compromisos internos e internacionales asumidos por el Estado argentino, y deben regir en todo el territorio nacional, consagrando ese derecho y asignando al Estado la responsabilidad de proveer educación pública, estatal, laica y gratuita y la obligación de priorizar en esa provisión a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En esta última semana, en nuestra provincia, este Derecho ha sufrido la confirmación del desinterés de los funcionarios responsables, que deben ser la garantía obligatoria e ineludible de la Educación y de las escuelas públicas.
A través del Ministerio de Educación se informó que se había decidido convertir el Jardín N° 2 del Hogar Escuela de Villa Mercedes, en un Jardín de autogestión, delegando otra vez y en clara violación constitucional, en terceros su responsabilidad como Estado.
La decisión política que la gestión provincial tomó, cuando creó la modalidad “mixta y descentralizada” de las instituciones escolares, denota la concepción mercantilista que sostiene su administración, con consecuencias sociales de suma importancia. Porque pensar que los ciudadanos y las ciudadanas de San Luis deben estar atados a las fluctuaciones del mercado como si fueran variables económicas, traducen una clara postura de intentar deshacerse de la obligación legal y constitucional de asumir la Educación como deber estatal.
Es una manera muy solapada de la intención evidente de privatizar un Derecho, que no es otra cosa que fomentar la desigualdad y no cumplir con las exigencias políticas, morales y legales que la Constitución y las leyes le exigen.
Que el Ministro del área haya confirmado o desmentido la información de la modificación de las características del Jardín es un elemento más, que se agrega a la historia conocida. Es hora que la comunidad de San Luis reconozca la verdadera dimensión del Derecho a la Educación. Que es universal, que pertenece a todos y todas y como tal, también es una responsabilidad comprometerse en su defensa y profundización.
Las leyes nacionales, las Constituciones Nacional y Provincial, los convenios internacionales y, fundamentalmente los hacedores de la historia de la Educación Argentina, exigen ese compromiso.