El juez federal Fernando Poviña (foto) no hizo lugar al pedido de detención del secretario de la Junta Electoral provincial, Darío Almaraz, y de otras personas que había solicitado el candidato a gobernador del Acuerdo para el Bicentenario, José Cano, por supuesto “fraude informático” y asociación ilícita para fraguar los resultados de las elecciones del 23 de agosto.
El diputado radical había requerido las detenciones de Almaraz y Alfredo Iramain, también integrante de la Junta Electoral, además del jefe de la IV región de la fuerza, Claudio Adolfo Maley.
La presentación incluía el pedido de detención del docente santiagueño Francisco Omar Jiménez, propietario de la empresa que instaló las cámaras de seguridad que debían filmar el proceso del escrutinio pero que sufrieron problemas técnicos que borraron los videos.
La resolución judicial tampoco hizo lugar al pedido para que se allane la sede de la Junta y se proceda a secuestrar las urnas y los telegramas que forman parte del acto eleccionario.
Poviña rechazó las medidas por considerar que el pedido «resulta desproporcionado en relación al avance de las actuaciones, a la información reunida y a su vinculación con las hipótesis delictivas que se han formulado en el expediente”.
Respecto de las detenciones, Poviña consideró que no existe «sustento legal» alguno para ordenarlas y sostuvo que el pedido «parece más una acción orientada hacia la publicidad a través de los medios de comunicación que una acción que responda a un fin procesal útil y que esté razonablemente fundada».
«Es inadmisible cualquier instrumentalización de la libertad de una persona con otros fines que no sean los estrictamente procesales», señala la resolución.
