Miles de guatemaltecos salieron ayer a las calles para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, acusado de liderar la red de defraudación aduanera, por la que ya está presa la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, reclamo al que se sumaron la Procuraduría, la Contraloría, empresarios, universidades y las entidades de campesinos, estudiantes y trabajadores convocantes del paro general de ayer.
En un giro sorprendente, la Procuraduría General de la Nación (PGN) que representa jurídicamente al Estado, pidió al presidente Pérez Molina que presente su renuncia.
El escueto comunicado difundido le recomendó «presentar su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la nación», planteo que reiteró la procuradora María Eugenia Villagrán en conferencia de prensa.
La Contraloría General de Cuentas, el ente auditor de las cuentas del Estado, exhortó en otro comunicado que «en aras de mantener la paz social y ante las demandas de distintos sectores de la población, presente de manera inmediata su renuncia para evitar mayores incidentes sociales de consecuencias insospechables», además, autorizó a sus empleados a participar en el paro nacional.
Ambas instituciones se suman a la universidad pública que no sólo suspendió sus actividades sino que convocó a la que fue la marcha principal del día, que partió de sus instalaciones y llegó al Palacio de Gobierno donde confluyó con las convocadas por las universidades privadas, que tampoco abrieron sus puertas, al igual que la mayoría de los colegios privados de la capital.
El Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales Financieras y Agrícolas de Guatemala (Cacif), la organización empresarial más importante del país, que pidió la renuncia del presidente hace una semana, igual que las iglesias Católica y Evangelista, ayer se sumó al paro nacional, y el pequeño comercio y las distribuidoras adhirieron a la huelga.
Durante la tarde y la noche del miércoles comenzó una cascada de apoyos a la movilización. Decenas de empresas privadas llamaron al paro nacional y anunciaron, a través de carteles e imágenes publicadas en sus cuentas de redes sociales, que cerrarían ayer jueves.
Además de las marchas que se iniciaron en la capital, hay manifestaciones en Quetzaltenango, Totonicapán, Solola, Alta Verapaz, Chiquimula, San Marcos y Quiché.
Miles de integrantes del Comité de Unidad Campesina (CUC), organización que forma parte de la Asamblea Social y Popular (ASP), convocantes de las protestas del martes y miércoles así como del paro y marchas de ayer, iniciaron su recorrido desde el Trébol hacia el Obelisco de la capital para dirigirse a la avenida Reforma rumbo a la Corte Suprema de Justicia, y luego al parque central, donde se espera que confluyan con otras columnas, en una protesta bautizada en redes sociales como #Paro27A
Por su parte el Congreso eligió ayer por sorteo una nueva comisión que debe decidir si se le quita la inmunidad a Pérez Molina para que se lo pueda llevar a antejuicio si por lo menos 105 legisladores lo aprueban.
El primer intento, semanas atrás, fracasó por una alianza entre el oficialista Partido Patriota (PP) y la principal fuerza de oposición, Líder (Libertad Democrática Renovada).
Esta segunda comisión elegida ayer está integrada por dos diputados del PP, otros dos de Líder y un quinto de una fuerza de izquierda, Encuentro por Guatemala (EG).
Los centros de estudios superiores más importantes del país, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la Universidad Rafael Landívar (URL) y la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), suspendieron sus clases para que los estudiantes pudieran participar en la marcha que tiene como punto de reunión el parque central, frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Los manifestantes instalaron desde la puerta principal de ingreso al Palacio Nacional de la Cultura pancartas que llegan a medir unos 100 metros que dicen «Cárcel para los corruptos», «No más ladrones en el gobierno», «Renuncia ya», «Aguanta Guatemala, aún nos falta» y «Yo no tengo presidente».
El rector de la USAC, Carlos Alvarado, pidió al presidente Pérez Molina presentar su renuncia, ya que considera que el país está cayendo en una situación de ingobernabilidad.
Por su parte Daniel Pascual, dirigente campesino de la CUC también emitió una crítica a las elecciones programadas para el 6 de septiembre, a las que calificó de «ilegítimas» porque el Congreso no quiso aprobar las reformas a la Ley Electoral y Partidos Políticos, y porque muchos de los candidatos están involucrados en actos de corrupción.
La ministro de Gobernación, Eunice Mendizábal, informó que las fuerzas de seguridad que resguardarán edificios estatales no portarán armas de fuego.
El paro nacional y las marchas ocurren en medio de una intensa crisis política. El miércoles la ex vicepresidente Baldetti fue enviada a prisión y la Corte Suprema de Justicia solicitó al Congreso que se le retire la inmunidad al presidente Pérez Molina, para poder juzgarlo por el mismo escándalo que a su vice.
Según la acusación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Baldetti y Pérez Molina recibieron el 50 por ciento de los sobornos que recababa La Línea, en la que participaban tanto funcionarios como particulares que gestionaban comisiones a cambio de evadir impuestos.
Desde el viernes último y tras las denuncias de corrupción, 13 altos funcionarios -entre los que se incluyen siete ministros- renunciaron a sus puestos, incluyendo el embajador ante las Naciones Unidas, Fernando Carrera.
Los fiscales han dicho que en el caso hay 100 personas investigadas, y al menos la mitad en prisión desde el 16 de abril, cuando se destapó este y otros escándalos de corrupción.
